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El juez culmina las investigaciones sobre la Infanta nueve meses después de imputarla por primera vez

Castro es el juez que más tiempo lleva al frente de un Juzgado de Instrucción, en el que aúna las principales causas por corrupción
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha culminado las investigaciones en torno a la Infanta Cristina nueve meses después de que la imputase por primera vez, en aquella ocasión al sostener que, sin su intervención, Iñaki Urdangarin no habría podido lucrarse con los fondos que el Instituto Nóos percibió de las Administraciones públicas. Una tesis desechada posteriormente por la Audiencia Provincial de Baleares, que en cambio dejó abierta la vía para que la hija del Rey fuese investigada por supuestos delitos fiscales y de blanqueo de capitales a través de la sociedad Aizoon.
Castro (Córdoba, 20 de diciembre de 1945), el juez que más tiempo lleva al frente de un Juzgado de Instrucción en Baleares y situado en el puesto 216 del escalafón de la carrera judicial, ha dado un nuevo paso en el marco del caso Nóos al imputar por segunda vez a la hija menor de Don Juan Carlos y Doña Sofía, dando respuesta de este modo a las instrucciones del tribunal de la Sección Segunda, que el pasado 7 de mayo instaba a poner término a las pesquisas relacionadas con la Infanta "en aras de evitar mayores especulaciones", acordando el archivo de las actuaciones judiciales o acordando su encausamiento por la supuesta comisión de un delito contra Hacienda o de blanqueo.
La Audiencia daba entonces por cerradas las investigaciones sobre una supuesta participación de la Infanta en la trama "criminal" que tanto Urdangarin como su exsocio Diego Torres habrían urdido al frente de Nóos tendente a apropiarse ilícitamente de fondos públicos. El 3 de abril, el juez Castro la había imputado por considerarla cooperadora necesaria de la actuación presuntamente delictiva desplegada por su marido, si bien la decisión fue recurrida por la Fiscalía Anticorrupción y el tribunal archivó el encausamiento alegando que el hecho de que Doña Cristina figurase como miembro de la junta directiva de Nóos carece de trascendencia penal.
Aún así, la Sala, integrada por los magistrados Diego Gómez-Reino como presidente, Juan Jiménez y Mónica de la Serna -los mismos que deberán pronunciarse en caso de que esta segunda imputación sea nuevamente recurrida-, dejó en el aire la inculpación de la Infanta por supuestamente haber defraudado al fisco y ante la posibilidad de que hubiera participado en el lavado de los fondos que de forma ilícita habría percibido Aizoon del Instituto Nóos, con el posible conocimiento por parte de la Duquesa de Palma del origen delictivo del dinero.
Pero antes de que Castro viera indicios de delito en la actuación de la Infanta tanto al frente de Nóos como de Aizoon, de la que es copropietaria al 50 por ciento junto a Urdangarin, el juez ya había puesto la lupa, tres años antes, sobre la actividad presuntamente irregular de este entramado empresarial. Y es que fue a principios de 2010 cuando, en el marco del conocido como caso Palma Arena, comenzó a interrogar a varios exaltos cargos de la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007) sobre la gestación de los foros sobre turismo y deporte que el Instituto Nóos organizó en Palma en 2005 y 2006 y por los que la entidad percibió 2,3 millones de euros públicos.
LAS INVESTIGACIONES DEL CASO PALMA ARENA
El nombre de Nóos salió a relucir en unas pesquisas centradas, entre otras numerosas cuestiones, en el destino que el Ejecutivo balear dio realmente a millonarias partidas que bajo el mandato de Matas -sobre quien pesan dos condenas por corrupción al frente del Govern- salieron de las arcas públicas. Junto a los denominados Illes Balears Forum adjudicados a Nóos, en manos de Castro también se encuentran pertinaces investigaciones en torno al presunto desvío de 1,2 millones de euros en el anteproyecto de un palacio de la ópera de Palma que fue encargado al arquitecto Santiago Calatrava y de más de 50 millones en la construcción del velódromo Palma Arena.
De hecho, el caso bautizado con el nombre de la considerada infraestructura estrella del PP arrancó en agosto de 2009 con la detención del exdirector general de Deportes del Govern y medallista olímpico José Luis 'Pepote' Ballester, del exportavoz 'popular' en el Ayuntamiento de Palma Rafael Duran y de tres empresarios que habrían intervenido en las presuntas irregularidades que derivaron en el sobrecoste del velódromo, inicialmente presupuestado en cincuenta millones de euros, que al término de las obras se vieron incrementados en unos 110 millones.
Precisamente, el juez Castro, que recaló en Mallorca en 1985 y más en concreto en el Juzgado de lo Social número 2 de Palma, para ser posteriormente nombrado, en 1990, titular del Juzgado de Instrucción número 3, en el que permanece desde entonces, indaga la relación que existiría entre la malversación de fondos producida durante la construcción del velódromo, el enriquecimiento supuestamente ilícito de Matas y el elevado tren de vida que llevó mientras era máximo mandatario de la Comunidad Autónoma, y la financiación presuntamente irregular de la que se habría beneficiado el PP balear.
LOS PRINCIPALES CASOS, EN MANOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3
Con todo, el magistrado, cuyo Juzgado aglutina las principales causas de corrupción política y económica que se instruyen en Baleares, ha tenido ante sí, a lo largo de interrogatorios que se han prolongado hasta durante tres días y que en ocasiones han finalizado a altas horas de la madrugada, al propio Matas, a varios de sus exconsellers, a Santiago Calatrava, a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al asesor externo de la Casa Real y Conde de Fontao, José Manuel Romero, al secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga y, en dos ocasiones, a Iñaki Urdangarin.
La próxima cita la tiene fijada el sábado 8 de marzo, a las 10.00 horas, jornada en la que ha señalado la declaración como imputada de la Infanta Cristina. Un interrogatorio cuya celebración quedará a expensas del recurso que previsiblemente interpondrán los abogados de la hija del Rey y en consecuencia, nuevamente, del pronunciamiento de la Audiencia Provincial.