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La defensa del asesor Salvador Trinxet: "Ni un documento le ha incriminado"

La defensa de Salvador Trinxet, abogado que habría ayudado a urdir una estructura fiduciaria para desviar al extranjero los ingresos obtenidos de forma irregular de las Administraciones públicas por el Instituto Nóos, ha subrayado durante la exposición de su informe que "ni un testigo, ni un documento le han incriminado" y "eso tiene mérito porque se han analizado cientos".
En su intervención en la última sesión del juicio del caso Nóos, a la que seguirá la de la defensa de la Infanta Cristina, el abogado Jaime Campaner ha apelado en un momento de su intervención a "hablar de derecho, no de fantasía",
La única acusación que dirige acciones penales contra Trinxet es Manos Limpias, que considera al acusado "artífice" y "creador" de la red de evasión de fondos. De hecho, a juicio de la abogada que representa al sindicato, Virginia López Negrete, considera "evidente que se creó una estructura en el extranjero" y que Trinxet, como experto fiscalista, colaboró con Diego Torres y su mujer, Ana María Tejeiro, a blanquear de este modo los fondos conseguidos de las Administraciones públicas.
El propio Trinxet alegó que el asesor fiscal Miguel Tejeiro -exsecretario del Instituto Nóos- se puso en contacto con él en 2006 para comentarle que un cliente suyo, en referencia a Torres, estaba interesado en la compra de tres sociedades, una en Belice y dos en Reino Unido, para desarrollar actividades académicas de consultoría y deportivas a nivel internacional.
"¿Por qué no es creíble que fuera para realizar actividades fuera? ¿Quién era Instituto Nóos?", ha espetado Campaner, quien ha recalcado que nadie habló a su cliente del Instituto ni de quiénes eran sus integrantes.
Tal y como ha aseverado, Trinxet "no hizo más que facilitar una estructura legal", aunque ha manifestado que "poniéndonos en el peor de los escenarios y en caso de que hubiera sospechado que las actividades se seguirían haciendo en España pese a tributarse en Reino Unido", no se alcanzaría el mínimo de 120.000 euros de fraude para que los hechos pudieran ser calificados de delito fiscal.
Según las acusaciones, en esta estructura jugaba un papel fundamental la sociedad De Goes Center for Stakeholder Management así como el propio Trinxet. La Fiscalía postula que, mediante este sistema, se transfirieron fondos 'invisibles' o de destino desconocido por valor de 420.000 euros.