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El agente que descubrió el soplo: "No esperábamos una filtración en una operación tan importante"

Sospechó desde el principio de un policía y no da "relevancia" a que Elosua no identificase a Ballesteros en la rueda de reconocimiento
El agente que descubrió el chivatazo a la red de extorsión de ETA mientras escuchaba la grabación de la baliza instalada en el vehículo del dueño del bar 'Faisán', Joseba Elosua, ha destacado que los investigadores no esperaban una filtración en una "operación tan importante" y que, desde el principio, sospecharon que la delación había partido de un policía ya que la información sobre el dispositivo estaba en manos de agentes y de "altos responsables" del Cuerpo.
Así lo ha manifestado en la segunda sesión del juicio por el 'caso Faisán' uno de los mandos que ha formado parte del equipo investigador, dirigido por el hoy comisario Carlos Germán, encargado de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el 4 de mayo de 2006 el soplo al entramado de financiación de la banda terrorista, concluyendo que el exjefe superior del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector José María Ballesteros participaron en el mismo.
El agente, integrado entonces en la Brigada Provincial de Información de San Sebastián, ha relatado que aquel día escuchó la grabación de la conversación mantenida entre Elosua y su yerno Carmelo Luquin en el viaje de ida y vuelta a Francia para reunirse con el etarra José Antonio Cau Aldanur tras recibir el chivatazo.
El compareciente ha rememorado que los interlocutores mencionaban detalles del dispositivo policial que de manera inminente iba a llevarse a cabo y que había "gente que no quería que se parara el proceso de negociación" abierto entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ETA. "Lo primero que pensamos es que había habido una filtración por parte de un policía... No esperábamos una filtración en una operación tan importante", ha añadido.
Según el agente, el autor del soplo facilitó a Elosua información para "seguir" con su actividad delictiva y no le conminó a abandonar su presunta actividad en la red de cobro del impuesto revolucionario.
EL PERFIL COINCIDÍA "PERFECTAMENTE" CON BALLESTEROS Y PAMIES
Tras hacer una criba entre las 1.932 llamadas detectadas en la franja del chivatazo, quedaron 63 llamadas sospechosas, se entrevistaron con los titulares de los teléfonos y advirtieron que "había una única llamada entre dos policías". "Son el señor Ballesteros, que hacía la llamada saliente, y Pamiés, que era el interlocutor que facilitaba las informaciones", ha zanjado.
Dicho esto, el testigo ha destacado que Elosua ofrece una descripción de la persona que le entregó el teléfono del chivatazo. "Según su procedencia por el habla, dice que no era catalán ni vasco, que habla un castellano limpio, cosa que se ajusta perfectamente a Ballesteros, que es de Zamora y ha residido en Valladolid", ha señalado, para indicar que no dio "relevancia" a que el dueño del bar Faisán no le identificase en la rueda de reconocimiento.
"Su perfil coincidía perfectamente con Pamies y Ballesteros", ha indicado el que fuera 'número dos' de Germán, para añadir que en la franja en la que se produjo la delación no quedó grabada "ninguna otra persona que no fuera Ballesteros" por la cámara de videovigilancia instalada frente al bar 'Faisán'.
El segundo de Germán ha afirmado que "no dieron importancia" a los cortes en las grabaciones, al tiempo que ha descartado la participación de otras Fuerzas de Seguridad porque se trataba de información "restringida" al Cuerpo Nacional de Policía. Además, ha desechado la coartada de Pamies basada en su cita con un confidente de ETA, apodado 'el Romano', porque él "no realiza" la única llamada registrada entonces a un móvil italiano.
El ex jefe superior de Policía en el País Vasco Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros se enfrentan a hasta diez y nueve años de cárcel, respectivamente. La Fiscalía solicita para ellos dos y un año y medio de cárcel por revelación de secretos aunque el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, obligó a sus subordinados a incluir como alternativa una petición de cinco años por colaboración con organización terrorista.