Los jueces dispuestos a retomar el diálogo que les reclama el Congreso

Los representantes de las cuatro asociaciones judiciales -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)- han comparecido hoy ante la Comisión de Justicia para explicar sus reivindicaciones y las razones que les llevaron a la movilización de la pasada semana.

Todos ellos han defendido su derecho a la huelga a pesar de ser un poder del Estado y han reiterado las peticiones que plasmaron el pasado 12 de enero en el documento conjunto en el que demandan mejoras en la Administración de Justicia.

En este sentido, han dado un voto de confianza al nuevo ministro, Francisco Caamaño, para recuperar el diálogo, aunque han advertido de que si fracasa el proceso negociador se mantendrá la huelga anunciada para el 26 de junio.

El presidente de la APM, Jesús Chamorro, ha destacado que el camino a seguir es el de la negociación dentro del sentido de la responsabilidad institucional, aunque ha advertido que serán "firmes" en la defensa de sus reivindicaciones.

Por ello, ha explicado a los diputados que la posibilidad de acudir a una huelga no es un fin en sí mismo, ya que pretenden agotar las vías de diálogo, y ha recordado a los grupos que compete al Parlamento regular este derecho.

También ha mostrado su disposición al diálogo el portavoz de una de las asociaciones convocantes de la huelga del pasado día 18, la Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, quien ha dado un margen de confianza al nuevo ministro de Justicia y espera que detrás de su invitación al diálogo "haya algún fundamento".

Según Sexmero, el paro de jueces no fue un acto de irresponsabilidad sino, por el contrario, una enorme muestra de responsabilidad para pedir un cambio que permita la tutela judicial efectiva y se ha preguntado si habrían comparecido en el Congreso en caso de no haber protagonizado esa protesta.

El portavoz de JpD, Miguel Ángel Gimeno, ha recordado que su asociación ha optado por la negociación y que sólo se plantean la huelga como "último extremo", ya que prefieren llegar a acuerdos, aunque defiende que los jueces pueden ejercitar ese derecho.

Además, Gimeno ha dicho que el relevo al frente del Ministerio de Justicia abre nuevas expectativas, como también ve con optimismo el interés demostrado por el Parlamento para solucionar las carencias judiciales.

En la defensa de las reivindicaciones de la carrera judicial se ha mostrado firme el portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), -otra de las convocantes de la pasada huelga-, Conrado Gallardo, quien ha insistido en que las reformas procesales no servirán para solucionar los problemas si no se aumenta el número de jueces.

También ha subrayado la importancia de mantener las demandas de incrementos salariales para los jueces y magistrados, que se aparcaron en la última reunión con el ministro Fernández Bermejo. Por su parte, los portavoces de los grupos parlamentarios han apelado a la responsabilidad de las asociaciones ante el mantenimiento del anuncio de huelga para junio.

El socialista Julio Villarrubia ha subrayado que un poder del Estado no debe recurrir a la huelga por responsabilidad, mientras que el portavoz del PP en Justicia, Federico Trillo, ha defendido que las asociaciones de jueces tienen derecho a defender sus intereses profesionales, pero "sin caer en el sindicalismo".

Todas las fuerzas políticas han admitido que las demandas de los jueces son legítimas, aunque consideran que su respuesta ha sido excesiva y esperan que retomen el proceso negociador con Caamaño.

Así, Joan Ridao, portavoz de ERC-IU-ICV, ha considerado que su reacción ha sido "en cierta forma corporativa o gremial" por temor a que se reprodujera el "caso Tirado".

Desde el PNV, Emilio Olabarria, ha defendido las reivindicaciones de los magistrados, a quienes a invitado a retomar el diálogo con el Gobierno, y Jordi Jané, de CiU, ha pedido a las asociaciones que pongan "el contador a cero" y colaboren con los grupos políticos para fijar un calendario de actuaciones para modernizar la Justicia.