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El juicio por el 'escrache' al domicilio de Carlos Floriano en Cáceres queda visto para sentencia

El Ministerio Fiscal no ha hecho petición de condena y la acusación pide una multa de 200 euros por una falta de coacciones y amenazas
El juicio por el 'escrache' al domicilio del diputado y dirigente del PP Carlos Floriano ha quedado visto para sentencia este jueves en el Juzgado número 2 de Cáceres, donde se han sentado en el banquillo seis personas, miembros de los Campamento Dignidad de Extremadura, que fueron denunciadas por el propio Floriano y a las que se les acusa de una falta de coacciones, vejaciones, injurias, calumnias y amenazas.
Los acusados son José Luis Gibello, Manuel Cañada, Sara Marchena, Rafael González, Manuel Rodríguez y Abel Izquierdo y ésta es la segunda vez que acuden a los juzgados ya que el juicio estaba previsto para el pasado 19 de junio, pero fue suspendido porque no quedó acreditado que el propio Floriano hubiera sido informado correctamente de la fecha.
Tras escuchar a las partes y los interrogatorios por parte de la fiscal y el abogado de la acusación particular, se han visionado unos videos del día de los hechos y el juicio ha quedado visto para sentencia. El Ministerio Fiscal no ha realizado petición de condena al entender que debía formularla en el caso de que se estuviera juzgando un delito de desorden público, lo cual no ha sido así. Mientras, el abogado de la acusación, Alexis Godoy, ha solicitado una multa de 10 euros durante 20 días, es decir, 200 euros para cada uno de los acusados y éstos, que han prescindido de abogado defensor, han solicitado su libre absolución.
Cabe recordar que los hechos sucedieron el domingo 5 de mayo de 2013, cuando algunos participantes de los Campamentos Dignidad que realizaban una marcha entre Plasencia y Mérida, a su paso por Cáceres, se concentraron a las puertas del edificio donde reside el vicesecretario de Organización del PP, en la avenida Virgen de Guadalupe de la capital cacereña.
Durante aproximadamente unos 20 minutos, corearon frases contra él y su partido, y en la fachada del inmueble pegaron carteles alusivos a la reivindicación de la renta básica o en contra de los desahucios, entre otros. En esos momentos, ni Floriano ni ningún otro miembro de su familia se encontraban en el domicilio.
En el relato de lo acontecido aquel día, Floriano ha explicado que el día anterior el inspector jefe de la Brigada de Información de la Policía Nacional le llamó para advertirle de que la marcha del Campamento Dignidad tenía pensado dirigirse a su domicilio particular para realizar una protesta y, ante estos hechos, él decidió abandonar su casa a primera hora de la mañana del domingo ya que, según ha relatado, ese día tenía que hacerse cargo de sus hijas, que en aquel momento tenían 10 y 7 años de edad, porque su mujer debía acudir a un funeral.
"No parecía recomendable que permaneciera en mi domicilio", ha dicho Floriano, quien decidió acudir con sus hijas al acto de despedida de la Virgen de la Montaña, patrona de la ciudad, que volvía en procesión a su santuario. Según ha dicho, no regresó al domicilio familiar hasta última hora de la tarde puesto que decidieron cambiar de planes y comer en casa de unos amigos, por lo que, según defiende, tuvo que alterar su actividad normal de un domingo debido a la protesta.
En su declaración, ha explicado que conoció cómo se produjeron los hechos a través de un vídeo que visionó posteriormente y que interpuso la denuncia días después en la comisaría del Congreso de los Diputados, en Madrid. "No me duele que me insulten porque estoy acostumbrado a la crítica, pero ésa también era la casa de mi mujer y de mis hijas y trato de proteger la libertad y la intimidad de mi familia", ha argumentado el dirigente 'popular' que ha señalado que le llamaron "asesino".
Por su parte, todos los acusados han reconocido haber participado en la protesta, siempre de forma "pacífica" y han justificado su presencia ante el domicilio de Floriano como un "ejercicio de democracia social" y una forma de "señalar" a un gobernante público al que consideran "responsable" de la situación de "miseria e injusticia que viven muchas persona en el país", ha dicho Manuel Cañada, uno de los acusados.
Además, han insistido en que no se produjeron altercados y que tanto la Policía Nacional como la Local se encontraban en el lugar y no tuvieron que intervenir en ningún momento. "Nosotros somos gente tranquila", ha argumentado Manuel Rodríguez, otro de los acusados durante su declaración, mientras que Sara Marchena ha recalcado que la intención era "visibilizar una problemática social", por lo que ha pedido la absolución para los acusados.
Los seis han coincidido en que la consigna que se coreó fue 'No son suicidios, son homicidios' en alusión a que la crisis económica ha llevado a mucha gente a quitarse la vida y han defendido que "nunca" tuvieron la intención de entrar en el domicilio de Floriano y que "no" llevaban ningún arma, tan solo unos bastones de senderismo que algunos usaban para andar, puesto que la marcha comenzó en Plasencia y concluía en Mérida.
CAMBIO DE ITINERARIO
El abogado de la acusación particular ha hecho hincapié en que no se notificó a la Subdelegación del Gobierno el cambio de itinerario en la marcha que estaba autorizada previamente por lo que ha considerado que querían que fuera "algo sorpresivo" y ha calificado la protesta como "un acto de acoso y hostigamiento" a Floriano y su familia, al tiempo que ha defendido que debe salvaguardarse el derecho a la intimidad y la protección a las dos hijas menores. "El derecho a la libertad de expresión en ningún caso ampara el insulto o la amenaza", ha subrayado el letrado.
El abogado ha destacado que si hay un centenar de personas en la puerta de tu casa coreando insultos es una situación que "intimida a cualquiera" y que "coarta la libertad de obrar de la persona" porque "nadie se atrevería a salir de su casa". "Es un acto violento psíquica y moralmente" ha subrayado, por lo que ha pedido la multa de 200 euros por una falta de coacciones.
Cabe reseñar que, minutos antes de iniciarse el juicio en el Palacio de Justicia de Cáceres, algunos miembros del Campamento Dignidad se han concentrado y han desplegado pancartas reivindicativas en las puertas de los juzgados, bajo la vigilancia policial. Este hecho ha provocado que Carlos Floriano, para evitar posibles altercados, entrara en el edificio por otra puerta que no es la habitual por la que accede el público al inmueble
Una vez dentro del edificio, al entrar en la sala de vistas, algunos de los presentes han coreado gritos de 'fuera, fuera', y en el transcurso del juicio también el juez ha tenido que llamar la atención varias veces a algunos de los asistentes al interrumpir la intervención del abogado de la acusación. Al concluir la vista, Floriano ha abandonado igualmente los juzgados por otra puerta distinta a la entrada principal sin que se haya producido ningún incidente.