Una empleada acusada de vender acciones usando datos relevantes dice que necesitaba "pagar impuestos"

La extrabajadora de Gowex Wireless Tania Roel Mosquera, a la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acusa de emplear información relevante para enriquecerse a través de la venta de acciones de la empresa de wifi gratuito, ha justificado este viernes ante el magistrado la venta de los títulos y ha indicado que se desprendió de ellos para poder hacer frente a los impuestos aparejados a su revalorización, han informado fuentes jurídicas.

Roel Mosquera, que ha declarado como imputada por la comisión de un delito de uso de datos relevantes, ha precisado que el expresidente de Gowex, Jenaro García, le entregó acciones de la compañía, por valor de más de 4.000 euros, a modo de incentivo como empleada.

Los títulos se revalorizaron hasta superar el millón de euros, ha indicado Roel Mosquera que ha precisado que, por recomendación de sus asesores fiscales decidió crear para invertir el dinero la empresa belga Energy 3, de la que es socia única.

Los gestores le advirtieron que, a pesar de ello, tendría que abonar una elevada cantidad a Hacienda por lo que vendió las acciones y depositó las ganancias en la compañía de nueva creación. La imputada ha indicado que "nunca" ha dispuesto de los fondos obtenidos, han precisado las mismas fuentes.

Pedraz citó a la empleada el pasado 30 de septiembre después de ordenar el bloqueo de al menos 3,7 millones de euros que procederían, según la Fiscalía Anticorrupción, de la "venta de acciones" de la compañía de redes wifi Let's Gowex en 2014, que "se realizó, indiciariamente, con conocimiento de información relevante, esto es, con conocimiento de la real situación económica de la empresa y no la proyectada al mercado por las cuentas presentadas

El magistrado citó también al director ejecutivo de Eco Energy 1, Michel Yvon René Ramioul, al que no ha podido notificarse su imputación por encontrarse ilocalizable. Entre los depósitos bloqueados se encuentra uno de Eco Energy 3 que tenía un saldo de 3,7 millones de euros y otro propiedad de la sociedad Eco Energy 1, de la misma nacionalidad, desde el que se realizó una transferencia de 1,6 millones de euros el 3 de julio pasado, dos días después de la publicación del informe de Gotham que advertía de que las cuentas de Gowex habían sido falseadas. Según el auto, la primera empresa vendió 66.000 acciones en esas fechas y la segunda 187.000.

EMBARGO DE FONDOS

En un auto, Pedraz ordenó el "bloqueo y embargo preventivo" de las cuentas que diez personas físicas y jurídicas, entre ellas el expresidente Jenaro García, tienen en las entidades bancarias BNP Paribas España, Renta 4 Banco y BNP Paribas Fortis, al sospechar que sus ingresos procederían de la venta irregular de acciones de la compañía, intervenida judicialmente desde el 1 de agosto pasado.

Además de las sociedades de Jenaro García y de los depósitos a nombre de los dos nuevos imputados, el magistrado pedía el bloqueo de las cuentas que tengan la esposa del expresidente de Gowex, Florencia Maté; el exdirector financiero Francisco Martínez Marugán; y las empresas Arcole Ventures, Biotelgy VC y Cash Devices, propiedad del matrimonio. La primera de ellas contaba con una cuenta bancaria con un saldo de 5 millones de euros que García utilizó el 4 de agosto para depositar la fianza de 600.000 euros que le había impuesto el juez Pedraz.

Con las dos nuevas imputaciones el número de encausados en este procedimiento asciende a un total de once, entre los que se encuentran el expresidente de Gowex, Jenaro García; su mujer, Florencia Maté; el director financiero, Francisco Martínez Marugán; y el auditor de la compañía, José Antonio Díaz Villanueva.

También están imputados los presuntos testaferros Antonia Antúnez, Javier Martín Vaquero, Antonio Salmerón, la empleada del hogar Guadalupe Esmeralda Almeida y Juan Cañamero.

A todos ellos se les atribuyen delitos societarios en su modalidad de falseamiento de cuentas, recogidos en el artículo 290 del Código Penal, y los relativos al mercado de los consumidores, concretamente el de falseamiento de información económica y financiera y el de uso de información relevante.