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La estrategia planteada por los expresos de ETA en Usurbil ya fracasó en ocasiones anteriores

Avanzaron que, aunque los pasos del EPPK "se materialicen de manera individualizada, serán decisiones colectivas"
El manifiesto presentado este domingo por 750 ex presos de ETA en el polideportivo de Usurbil (Guipúzcoa) avanzó que los pasos que dará el colectivo de internos de la banda para tratar de acabar con su dispersión "se materializarán de manera individual" tal y como les solicita Sortu, pero "serán decisiones colectivas, igual que lo han sido las anteriores". Este planteamiento redunda sobre una estrategia ya fracasada en multitud de ocasiones anteriores por el rechazo de los tribunales y la Administración.
El acto de este fin de semana se produce después de que en enero el histórico dirigente abertzale Rufino Exteberria, actualmente en Sortu, emitiese una advertencia a los presos etarras a los que instaba a realizar aportaciones con "audacia" y abogaba por una "reintegración por medio de cauces legales y con una aplicación individualizada".
Etxeberria trazaba como líneas rojas el rechazo a mostrar arrepentimiento o incurrir en delaciones, expresión con la que se refieren a colaborar con la Justicia para esclarecer atentados aún sin resolver. Con esa postura, el entorno proetarra trata de marcar distancias con los presos acogidos a la 'Vía Nanclares' y expulsados tanto de ETA como del Colectivo de Presos por optar por la vía individual tras romper con la organización.
La negativa a pedir perdón o colaborar con la Justicia limita el margen de maniobra de los internos ya que la Ley lo establece como requisito para que los terroristas puedan acceder a beneficios penitenciarios como salidas extraordinarias, acceder al tercer grado o a libertad condicional. Distinto es el traslado a cárceles del País Vasco, decisión que compete al Ministerio del Interior y no a los tribunales, salvo casos muy concretos.
PRIMERA RESPUESTA DEL EPPK A SORTU
El EPPK contestó a la petición de Etxeberria unas semanas después con un comunicado en el que, como en ocasiones anteriores, reafirmaba su rechazo a arrepentirse y a "denunciar" a sus compañeros. Pero no entraban en la cuestión de fondo sobre las medidas individuales. Garantizaban en cambio su determinación a seguir "apretando los dientes el tiempo que sea preciso" y criticaban a los agentes políticos que "en otras etapas se mostraban favorables a la solución y ahora han variado su actitud y priorizan sus intereses particulares".
Ahora, en el acto del polideportivo de Usurbil, los ex presos de ETA han vuelto a insistir a sus compañeros que siguen en la cárcel sobre la posibilidad de buscar soluciones dentro de la Ley: "Valerse de la legislación y del reglamento penitenciario no cuestiona en ningún modo el carácter militante de todas y todos ni el valor y la dignidad de su trayectoria. Ni ahora ni antes". "Evidentemente, siempre en base a decisiones colectivas", matizan.
Como punto de partida, desde la izquierda abertzale y el entorno proetarra se sitúan en la declaración oficial que hizo el propio EPPK en diciembre de 2013 (dos años después del cese definitivo de ETA). En aquella ocasión los presos de la banda anunciaron por primera vez su disposición a aceptar la legislación penitenciaria a cambio de beneficios y reconocían el "sufrimiento y daño multilateral generados". No obstante, aquel anuncio nunca se transformó en medidas concretas.
En su lugar, articularon una serie de iniciativas en las que, si bien trataron de adaptar el discurso a la estrategia actual de la izquierda abertzale, chocaron siempre con los tribunales y el Ministerio del Interior, que las consideraban insuficientes.
DOS INTENTOS EN 2014
A finales de 2014, el EPPK solicitó ante la vía penal su acercamiento al País Vasco, concretamente ante el juez de Vigilancia Penitenciaria a quien se dirigieron con escritos individuales tramitados como queja. Como en ocasiones anteriores, empezaron por los considerados enfermos, los mayores de setenta años, quienes llevan más de dos décadas en prisión y los portavoces del colectivo.
Según informaron a Europa Press fuentes penitenciarias, el documento era un formulario idéntico en todos los casos en los que se reservaba espacio para que los presos escribiesen su nombre, las cárceles en las que habían estado y otros aspectos de su situación personal como los kilómetros que les separan de sus casas. Todas las quejas fueron rechazadas de plano por el juez.
Expertos en la lucha antiterrorista consultados en su momento interpretaron que el objetivo último de los presos etarras al acudir a la vía judicial es abrir la puerta a un futuro recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Tras el rechazo del juez de Vigilancia, cabe la posibilidad de recurrir ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, después ante el Tribunal Constitucional y por último, Estrasburgo. Si bien hasta llegar a ese punto transcurrirían varios años (la doctrina Parot tardó siete años en derogarse).
A comienzos de ese año 2014 el EPPK llevó a cabo otra campaña escalonada para pedir de manera individual por carta a las Juntas de Tratamiento de sus respectivas prisiones el agrupamiento de todos los terroristas en la cárcel alavesa de Zaballa. Precisamente el mismo centro penitenciario donde se ubican los disidentes de la banda acogidos a la 'Vía Nanclares'. También fue rechazada, en este caso por Instituciones Penitenciarias.
Esta estrategia se artículo entre los meses de marzo y julio de ese 2014 y también pedían la excarcelación de la decena de presos considerados enfermos y los mayores de 70 años. La respuesta de Prisiones también fue negativa al entender que la banda aún no se ha disuelto y que, aunque los escritos eran individuales, los presos actuaban de manera organizada como colectivo.
OTRAS CAMPAÑAS EN 2011 Y 1996
Aquella no era la primera vez que el EPPK trataba de disfrazar una acción colectiva como iniciativas individuales. A finales de 2011, en torno a 500 internos presentaron escritos particulares también ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional pidiendo su excarcelación. Alegaban haber cumplido las tres cuartas partes de su condena, estar sometidos a la doctrina Parot o tener problemas de salud.
Era otra campaña organizada ya que, del casi medio millar, sólo unos 80 pedían la excarcelación para sí mismos. El resto exigían la puesta en libertad inmediata para otros compañeros recluidos en otras prisiones a cientos de kilómetros de distancia. Se daban casos de reclusos internos en cárceles del norte que pedían la liberación de compañeros en centros del sur. Todos estos escritos fueron rechazados de plano por el juez Central de Vigilancia Penitenciaria.
Por otra parte, en abril de 2012 el EPPK renovó su Dirección y presentó a los nuevos responsables, quienes trasladaron al Gobierno una oferta de negociación. Pero el Ejecutivo no atendió esa oferta tampoco.
Estas estrategias colectivas tienen precedentes incluso en la década de los noventa. Ya en 1996 los presos de la banda terrorista mandaron a la institución penitenciaria multitud de escritos individuales para pedir su acercamiento al País Vasco, pero la Administración los rechazó de plano. El lugar en el que los presos cumplen condena es una decisión que compete en exclusiva a la Administración y la vía judicial adecuada para recurrir es la Contencioso-Administrativa.
Por ello, tras el rechazo inicial los presos optaron por acudir a un paso intermedio que era el recurso ordinario ante el propio ministro del Interior de entonces, Jaime Mayor Oreja, quien también los rechazó. Fue entonces cuando una veintena de presos etarras insistió por la vía Contencioso-Administrativa presentando sus respectivos recursos. Todos ellos fueron también rechazados definitivamente.