El exgerente del Canal presenta un aval para afrontar la fianza impuesta por Velasco en la operación Lezo

El exgerente del Canal de Isabel II Adrián Martín ha presentado este viernes un aval bancario para afrontar la fianza de 100.000 euros impuesta por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que ayer acordó su ingreso en prisión preventiva tras tomarle declaración en la investigación sobre irregularidades en la empresa pública madrileña de gestión del agua, informan fuentes jurídicas.

Martín fue el primero de los detenidos el pasado miércoles en declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que resolverá sobre la entrega del aval una vez sea validado por el Ministerio Fiscal. Velasco le imputa los delitos de pertenencia en organización criminal -un cargo del que por el momento no acusa la Fiscalía Anticorrupción--, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.

En el auto Velasco detalla que la compra en 2013 por Inassa, filial sudamericana del Canal de Isabel II, del 75 por ciento de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes supuso una malversación de 25 millones de euros al patrimonio público madrileño y se realizó "a través de cuentas no autorizadas en paraísos fiscales".

Además no contó con la autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y de "razones jurídicas económicas" que justificaran la adquisición de la sociedad, la cual se realizó, además "a través de un entramado societario opaco".

Martín compatibilizaba los cargos de presidente del Consejo de Administración de Canal Extensia --filial de la empresa madrileña--, con el de director gerente del Canal y director presidente del comité de dirección. Fue detenido el pasado miércoles y trasladado a los calabozos de la Guardia Civil en Tres Cantos junto con otras siete personas implicadas en la trama, entre ellas el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

El exmandatario regional permanece desde este mediodía en la Audiencia Nacional a la espera de que el juez instructor le tome declaración en relación a la presunta desviación de fondos que se habría realizado desde la empresa pública madrileña de gestión de aguas durante los años en los que estuvo al frente del ejecutivo regional (2012-2015).