Los exresponsables del puerto de El Musel (Gijón) declaran desde hoy como imputados

El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González interrogará desde hoy, miércoles, como imputados a los antiguos responsables del puerto de El Musel (Gijón) y al que fue gerente de la unión temporal de empresas (UTE) que llevó a cabo sus obras de ampliación, en el marco de la causa en la que se investigan los sobrecostes que se produjeron en estos trabajos.

El magistrado tomará declaración este miércoles al expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón Fernando Menéndez Rexach y al gerente de la UTE, Juan Miguel Pérez, al que imputó el pasado jueves a petición de la Fiscalía Anticorrupción tras escuchar la declaración como testigos de los responsables de las constructoras que realizaron las obras. El jueves será el turno del exdirector del Puerto de Gijón José Luis Díaz Rato.

Los gerentes de las empresas que llevaron a cabo la remodelación, en la que se investigan unos sobrecostes en la compra de materiales que podrían motivar la devolución de 247,5 millones de fondos europeos, coincidieron en señalar que el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que reveló las irregularidades presentaba varios "errores" y que los trabajos se llevaron a cabo bajo la supervisión adecuada.

"Nunca ha habido una obra con tantos controles y verificaciones como esta", señaló Manuel Amaro, delegado en Asturias de Dragados, que dijo tener, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, "más de 40 años de experiencia".

Entre las incorrecciones del informe europeo se encontrarían, según los comparecientes, el supuesto favoritismo a la cantera de Aboño, que fue escogida por su proximidad al puerto, en detrimento de otras de la Unión Europea o la falta de control en el pesaje de los camiones. "El control se hacía con el volumen de piedra", han explicado.

SEIS DELITOS

El juez Javier Gómez Bermúdez admitió a trámite el pasado 8 de agosto una denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción a fin de investigar "las actuaciones de representantes y administradores" de la unión temporal de empresas (UTE) Dique Torres, que llevó a cabo el proyecto entre los años 2005 y 2011, y de los integrantes de la Autoridad Portuaria de Gijón, gestora de las instalaciones.

Según Anticorrupción, los hechos investigados podrían ser constitutivos de un total de seis delitos: fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, estafa agravada, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude a la Hacienda Pública y prevaricación.

La Fiscalía justificó la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos, al considerar que podrían tener "una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y un grave perjuicio patrimonial en la economía nacional".

"GRAVES IRREGULARIDADES Y FRAUDE"

La denuncia se judicializó después de que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) remitiera en marzo de 2014 un informe en el que denunciaba "graves irregularidades e incluso fraude" en este proyecto, así como "deficiencias en los sistemas de gestión y de control por parte del beneficiario, la Autoridad del Puerto de Gijón".

La Comisión Europea financió el proyecto con 198 millones de euros procedentes de los fondos de cohesión, a los que se suman otros 49,5 que se encuentran pendientes de cobro.

Gómez Bermúdez pidió a la Autoridad Portuaria de Gijón la remisión del expediente administrativo de contratación de las obras y la identidad de los miembros de este organismo y del ente público Puertos del Estado en las fechas en las que se produjeron los hechos. Asimismo, reclamó documentación sobre las relaciones que este organismo mantuvo con las empresas Hidrocantábrico y Tudela Veguín.

La UTE que llevó a cabo este proyecto estaba formada por las empresas constructoras Dragados, FCC, SATO, FPS y Alvargonzález Contratas. A estas compañías el juez reclamó los registros contables y la documentación referente a este contrato, así como los documentos que justifiquen su relación con Hidrocantábrico respecto de la cantera de Aboño y los correspondientes a las operaciones con Tudela Veguín en relación con las canteras Peña María y La Hoya-Perecil.