Juicio en la Audiencia Nacional

Los forenses turcos insisten en que se trasladó a los cuerpos porque "tenían que llegar al funeral"

La Fiscalía mantiene su petición de entre 5 y 4 años y medio de cárcel

El primer forense afirma que el Navarro les "prometió" hacer pruebas de ADN en España

Además, declara que el general "estaba consciente pero olía a alcohol"

El segundo forense ratifica que Navarro "tenía prisa" para celebrar el funeral

La declarción de los forenses turcos destapa que los médicos españoles no habían identificado a 30 de los cadáveres. Video: Informativos Telecinco.

Los forenses turcos Bülent Sam y Ömer Müslümanoglu llegaron a España en la noche del martes para aportar su versión sobre cómo se desarrollaron los trabajos antes de la repatriación de los cuerpos.

Sam ha sido el primer testigo en comparecer ante el juez Javier Gómez Bermúdez. Durante su intervención ha asegurado que el general Vicente Navarro y su equipo " insistieron en llevarse" los 30 cadáveres que se encontraban sin identificar porque "habían dicho que tenían que llegar al funeral que se iba a celebrar en España". El segundo forense turco que ha declarado en el juicio sobre las identificaciones erróneas del accidente del Yak-42, Ímer Müslümanoglu, ratificó ante el tribunal que el general de Sanidad Vicente Navarro les trasladó que "tenían prisa" por repatriar los cuerpos a España.

Al adoptar esta decisión, ha proseguido Sam, el general español "prometió" a las autoridades turcas que los trabajos de identificación que faltaban por hacer se llevarían a cabo en España". Tras este compromiso, según el relato del forense, las autoridades de la Fiscalía turca firmaron con el teniente general Beltrán y el general Navarro el acta de entrega de los cadáveres, en el que constaba explícitamente que 30 de los cuerpos no habían sido identificados.

Además, el mismo forense ha señalado a preguntas del abogado del general Navarro, Ramiro Guardiola, que Navarro "estaba en condiciones" aunque ha insistido en que " olía a alcohol y eso lo vio todo el equipo".

Respecto a los trabajos de reconocimiento, Sam ha explicado que se realizaron a partir de signos externos como los elementos de graduación que los militares tenían en el uniforme o los anillos y las cadenas que portaban. A su finalización, en la medianoche de 27 al 28 de mayo, "había 30 cadáveres que no pudieron ser identificados", por lo que los forenses turcos llevaron a cabo la toma de muestras para hacer pruebas de ADN. Sin embargo, las autoridades españolas les dijeron que "no podían esperar los resultados".

El compareciente, miembro de Instituto Forense de Estambul, ha detallado cómo se produjeron las autopsias de los cadáveres en la morgue de Trabzon (Turquía), en la que estuvieron presentes en todo momento "los militares españoles y gente del Ministerio de Defensa". Este testimonio contrasta con el que aportó el primer día del juicio el general Navarro, que atribuyó la responsabilidad de los posibles errores a las autoridades turcas.

Familiar expulsado de la sala

El juez que instruye el caso ha expulsado de la sala a un familiar de uno de los militares fallecidos por increpar y acusar de "impresentable" al abogado defensor del principal acusado, el general de Sanidad Vicente Navarro.

El familiar ha reprochado al abogado de Navarro que cesara en sus preguntas sobre detalles relativos al contenido de las bolsas con restos de cadáveres y le ha acusado en voz alta de "impresentable".

Sin autorización para declarar

Por otra parte, en la sesión de hoy estaba previsto que declararan por videoconferencia dos médicos turcos que participaron en las autopsias de los fallecidos y de un miembro del instituto de toxicología de Estambul, encargado del cotejo de pruebas de ADN. Sin embargo estas testificaciones no se han llevado a cabo porque no hay autorización de las autoridades turcas.

Con las declaraciones de hoy concluirá la prueba testifical del juicio y el tribunal ha previsto que los días 19, 20 y 21 se habiliten para la prueba documental y la presentación de informes definitivos.El Fiscal mantiene petición de 5 años de cárcel para los militares acusados.  EPF

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