El interventor de la Junta en Málaga no ve menoscabo de fondos públicos en los cursos de formación

El interventor provincial de la Junta en Málaga, Juan José Delgado Utrera, ha asegurado este martes que, en los expedientes de las subvenciones de los cursos de formación que ha revisado, no ve menoscabo de fondos públicos, si bien ha advertido de una falta de control en el seguimiento de los cursos, cuando en los expedientes faltaban las actas de asistencia de los alumnos, informes de inserción o visitas de control a los centros.

Delgado Utrera ha abierto la sesión de comparecencias de este martes en la comisión de investigación sobre el presunto fraude a las ayudas de la formación en el Parlamento andaluz, a la que ya han acudido los interventores provinciales de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén.

Durante su comparecencia, el interventor de Málaga ha considerado que, merced de su informe especial en el que analizó un total de 67 expedientes, "no se ha cumplido con la legalidad", así como ha advertido de la "falta de diligencia" del órgano gestor a la hora de controlar que los cursos cumplían su objetivo.

Delgado Utrera ha afirmado que en el mismo informe no detectó "ninguna empresa cazasubvenciones", si bien ha denunciado "cierta debilidad" en el control posterior una vez concedidas las subvenciones.

Ha explicado que dado que el órgano gestor no aplicó las recomendaciones que la intervención de Málaga dictó a tenor de las irregularidades detectadas, decidió elaborar el informe de actuación que se elevó a la Intervención General, no porque entienda que haya menoscabo de fondos porque para eso "habría que analizar caso por caso".

Delgado Utrera, que tuvo las responsabilidades de la Intervención de Málaga desde 2011 hasta que traspasaron a la Delegación de Educación, Cultura y Deportes en 2013, ha considerado que las irregularidades se repetían en todas las provincias porque el SAE "tendría un criterio uniforme para toda Andalucía, y de ahí que haya coincidencias", cuando ha afirmado que todas las intervenciones, aunque tuvieron reuniones para marcar las líneas de trabajo para elaborar el informe especial, actuaron de manera independiente.

Asimismo, ha explicado que "el principal problema" que encontró su intervención a la hora de elaborar el referido informe fue que tenían que compaginarlo con su "elevada carga de trabajo habitual", y ha alertado de la falta de medios personales especializados para poder ejecutar el trabajo.

De la misma manera, el interventor ha puesto de manifiesto que los expedientes, por el traspaso de estas competencias del SAE a la Delegación, llegaron "desordenados e incompletos", y que, una vez elaborado el informe, mientras el SAE no presentó alegaciones argumentando que ya no ostentaba esas competencias, lo que él no ve "pertinente", la Delegación provincial sí las hizo aunque "entendí que no fueron suficientes".

Así las cosas, ha explicado que emitió una serie de recomendaciones que no fueron implantadas por el órgano gestor, lo que motivó el consiguiente informe de actuación de su intervención, mientras también ha advertido que siendo común el retraso en la realización de los cursos, muchos de los expedientes no contaban con resolución de ampliación del plazo formal, que sería "una infracción administrativa" de la que dice desconocer el motivo.

Ha defendido que no ha apreciado menoscabo de fondos porque "con arreglo a las conclusiones, es necesario que el daño al caudal público no sea potencial sino individualizado, y en mis expedientes, la mayoría estaban pendiente de revisión y reintegro, por eso no veo menoscabo".

Y es que, como ha explicado Delgado Utrera, saber si los expedientes han prescrito "depende las circunstancias" de cada uno porque "cada expediente es distinto". "Alerté porque se podrían dar casos de prescripción pero ahora no sé su situación", ha dicho en otro momento de su comparecencia.

Así las cosas, Delgado Utrera ha considerado que la falta de control en el seguimiento de los cursos se puede abordar a posteriori, entrevistando de nuevo a los alumnos para comprobar que efectivamente acudieron a los cursos, "sería el doble de trabajo, pero es control", mientras explica que otras circunstancias que manifestó en las recomendaciones no se pueden controlar a posteriori, como las visitas de seguimiento.

PSOE-A: "HA SIDO UNA COMPARECENCIA SENSATA"

La diputada del PSOE-A en la comisión, Marisa Bustinduy, ha alabado las declaraciones del interventor malagueño considerando que sus afirmaciones están marcadas "por la sensatez y la sensibilidad", así como ha señalado que la falta de personal en este órgano se debe, entre otros asuntos, "al decreto ley del Gobierno de España que establece una limitación en cuanto a la contratación de personal muy importante".

Ha defendido que algunas de las recomendaciones hechas por Delgado Utrera sí fueron puestas en marcha por el SAE, que publicó en internet, por ejemplo, los informes de inserción, a lo que el interventor ha dicho que él emitió esa recomendación porque no estaba en los informes a los que tuvo acceso, aunque "una cosa no quita la otra".

El representante del PP-A en la comisión, Miguel Ángel Torrico, ha criticado la negativa de la Junta y de RTVA de que estas comparecencias sean retransmitidas por la televisión pública, a la vez que ha recomendado al miembro del PSOE-A Rodrigo Sánchez Haro "tranquilizarse" porque "a ese ritmo de nervios no va a llegar a la comparecencia 25" --acudirán un total de 69 comparecientes a la comisión--, toda vez que el socialista le ha reprochado que se refiera a la retransmisión de la comisión al inicio de su turno de preguntas.

Juan Ignacio Moreno Yagüe, de Podemos, ha considerado que las irregularidades podrían haberse producido también con anterioridad al periodo que comprenden los informes especiales pues "no es lógico pensar que se producen irregularidades a partir del día que se empiezan a estudiar".

Mientras, la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet ha dicho que le llama la atención que la práctica que ha dado lugar a las irregularidades detectadas por las intervenciones haya sido igual en todas las provincias andaluzas, "más que un criterio uniforme me parece un despropósito uniforme".

Por IU, Elena Cortés ha lamentado la "parquedad" de la exposición de Delgado Utrera ante la comisión y ha censurado que para el PSOE-A "la conclusión de que la entidad no ha cumplido con la legislación que le era de aplicación, la entienden como si sí pudieran haber cumplido con la legislación aplicable, un supuesto hipotético en el que ni estamos ni está el informe", a lo que Bustinduy ha replicado que "no es nada apropiado" que Cortés haya aprovechado su turno de preguntas para "arremeter contra otra formación política".