Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

La cúpula judicial vasca confía en que el Ministerio asuma "su obligación de protección", tras la retirada de escoltas

Gil critica el "agravio comparativo" porque, si "el riesgo terrorista es cero, lo será para todos"
El presidente de la Audiencia de Vizcaya, Ángel Gil, ha afirmado que las autoridades judiciales vascas tienen "confianza" en que el Ministerio de Interior asuma "su obligación de protección", una vez que el Departamento vasco de Seguridad les haya decidido retirar las cinco últimas escoltas en Euskadi. Asimismo, ha criticado el "agravio comparativo" que se ha producido con este colectivo porque, "si el riesgo terrorista es cero, lo será para todos".
El Departamento vasco de Seguridad ha retirado, desde el pasado día 1, los últimos servicios de escolta que mantenían los jueces y magistrados vascos, el del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y de las tres audiencias provinciales, así como el del juez decano de Bilbao. El resto de escoltas que llevaban jueces, magistrados y fiscales tras el asesinato del magistrado José María Lidón a manos de ETA en 2001 había sido suprimido una vez que ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada.
La resolución de la consejera de Seguridad ha provocado la aprobación este lunes por parte de la Sala de Gobierno del TSJPV de un acuerdo en el que expresaban su queja por esta medida adoptada "con infracción de la debida consideración institucional y en plenas vacaciones".
En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Audiencia vizcaína ha explicado que la presidencia del TSJPV está realizando "las gestiones oportunas" para solicitar al Ministerio de Interior que les preste "la protección que se nos debe dar, igual que a otros organismos del Estado que ejercen sus funciones, en el caso de que la Policía autonómica haga dejación de esa función".
La Ertzaintza prestaba esta protección en aplicación de los acuerdos sobre delimitación de servicios entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la Ertzaintza adoptados en marzo de 1989 y desarrollados en enero de 1995.
Aunque "todavía no han fructificado" las gestiones con el Ministerio de Interior, Gil ha asegurado que la cúpula judicial vasca tiene "confianza" en que adopte "su obligación de protección de jueces y magistrados del País Vasco". "Tenemos esperanza de que el Ministerio de Interior adopte alguna medida", ha señalado.
El presidente de la Audiencia de Vizcaya ha denunciado que se ha producido "un agravio comparativo" con el colectivo de Justicia porque, si se considera que "el riesgo terrorista es cero, lo será para todos" y, sin embargo, "otros poderes sí siguen siendo protegidos mientras que el judicial ha quedado completamente desprotegidos".
"No se nos ha explicado por qué nosotros no tenemos riesgo terrorista y los demás poderes del Estado sí", ha señalado Gil, que ha criticado que Seguridad haya adoptado esta decisión "unilateral" y "en agosto", pese a que estaba convocada una reunión para septiembre con un orden del día en que estaba previsto abordar el programa de protección de jueces y magistrados.
MOVILIDAD
Por otra parte, ha señalado que es "fundamental" que se dote a las autoridades judiciales de medios materiales para que puedan acudir a los actos institucionales o a otros juzgados ya que, hasta ahora, los desplazamientos se realizaban en los vehículos asignados para la seguridad.
Según ha indicado, "ya esta misma semana se están produciendo actos institucionales y no tenemos vehículo proporcionado para hacerlo", lo que provoca "una situación kafkiana". "No creo que sea de recibo que la máxima representación judicial tenga que ir en transporte público a un acto oficial", ha opinado.
Por ello, el TSJPV reclama "lo que teníamos siempre" antes de que se pusiera en marcha el programa de protección policial, con la dotación de vehículos de incidencias o de representación. Gil ha señalado que tampoco es necesario que exista "un vehículo por cada cargo", sino que puede haber "uno por provincia".
"Parece que por parte del Departamento de Justicia --al que corresponde la dotación de medios materiales para la administración de Justicia en Euskadi-- se ha prometido que se van a ofrecer pero a día de hoy no la tenemos", ha asegurado el presidente de la Audiencia, que ha explicado que en otras comunidades se cuentan con este tipo de vehículos.
Por su parte, fuentes del Departamento vasco de Justicia han asegurado que, si la Justicia vasca necesita vehículos u otros medios materiales, "se hará un análisis, se evaluará". Desde la Consejería han señalado que se está "en permanente contacto" con los jueces y "abiertos a que se planteen sus necesidades y hacer un estudio para resolver sus problemas" en relación a todas las necesidades materiales de la administración.