La oposición se felicita de que el TS haya anulado las licencias de TDT que dio la Generalitat en 2006

Maluenda ha reconocido, al término de la junta de portavoces, que o conocía la sentencia, pero "el PP tiene el máximo respeto por las decisiones de los tribunales, se comparta o no se comparta la sentencia". El portavoz en funciones ha explicado que "habrá que estudiar la sentencia y analizarla".

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes, Antonio Torres, ha recordado que los socialistas valencianos ya denunciaron en su día que había "amiguismo y nepotismo" en la resolución de las concesiones. "Y una prueba evidente de ello", ha añadido el síndic socialista, "es que la mayoría de las que se hicieron fueron a parar a una sola mano".

Torres, que se ha referido así a preguntas de los periodistas y tras asistir a la junta de síndics. El portavoz ha recordado que el volumen "más importante" de concesiones se hizo a una persona "relacionada con Gürtel y con la financiación irregular del PP" que era quien estaba "conformando las empresas audiovisuales a objeto de conseguir el máximo número de licencias", ha denunciado.

Por su parte, el diputado socialista, Josep Moreno, ha incidido, en un comunicado, que la sentencia, "sitúa una vez más" al gobierno del Partido Popular de Fabra y "de su compañero de mesa de hace unas horas, Esteban González Pons, en el centro de los escándalos políticos de este país". El diputado socialista ha instado al PP a que "pida disculpas públicamente y dé garantías de que la nueva adjudicación de las TDT valencianas sería sencillamente legal".

UNO DE LOS MAYORES ATAQUES A LA DEMOCRACIA

La diputada de Compromís Mireia Mollà ha asegurado, en un comunicado, que con la decisión de revocar las concesiones de TDT locales, el Tribunal Supremo "pone fin a uno de los mayores ataques a la democracia y a la libertad de expresión que se han registrado en el País Valenciano".

Mollà ha indicado que el Gobierno de Camps otorgó las licencias de TDT a empresas que "incumplían de manera evidente" los plazos de emisión o "el pliego de condiciones para no emitir programación local", pero contaban con el requisito "fundamental" para el PP: "ser medios afines a la Conferencia Episcopal o a la extrema derecha, entre los cuales se encuentran también empresas relacionadas con la trama Gürtel".

Ante este "regalo" a las cadenas "amigas", el Gobierno de Camps y también el de Fabra "han marginado y acosado" a diferentes televisiones con una reconocida trayectoria profesional y que emitían programación local, como TeleElx, InfoTV, Gandia TV o Localia, "minando la pluralidad informativa de nuestro territorio", ha explicado.

Ante la sentencia del TS, Mollà ha anunciado que el grupo parlamentario de Compromís en las Cortes ha solicitado realizar una interpelación al pleno y ha pedido la comparecencia del consejero de Presidencia, José Císcar, para conocer "cuál será la política que ponga en marcha a partir de ahora el Gobierno del PP".

Por su parte, la síndica del grupo parlamentario de EUPV, Marga Sanz, ha recordado que "en aquel momento" EUPV ya denunció que la adjudicación se había hecho con unos criterios que "obedecía más a afinidades políticas e ideológicas, que a lo que era la pluralidad informativa y por tanto una adjudicación transparente".

Sanz se ha "alegrado" de la sentencia y ahora su partido planteará al Consell que se vuelvan a realizar estas adjudicaciones de forma "transparente" y con unas condiciones en las que puedan colaborar el resto de grupos parlamentarios.