Un partido venezolano pide que Chávez sea enjuiciado por traición a la patria

Para el dirigente de DR, Pablo Medina, la pérdida de toneladas de alimentos supone un "descomunal hecho de traición a la patria y crimen de lesa humanidad".

"Fue Chávez quien ordenó que (la estatal Petróleos de Venezuela SA) PDVSA se convirtiera en una empresa importadora de alimentos y por eso venimos a solicitar" un proceso judicial en su contra, dijo a los periodistas a las puertas de la Fiscalía.

En las importaciones de alimentos efectuadas por Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), una filial de PDVSA, también participó la ministra cubana de Comercio, Bárbara Castillo, contra quien también debería actuar la justicia venezolana, agregó.

Medina pidió a la Fiscalía "resguardar los bienes de la República" gestionando el embargo de los bienes de todos los involucrados, entre ellos los titulares de PDVSA y PDVAL, incluido el ex presidente de esta última instancia, Enrique Pulido, quien ya se encuentra detenido.

El presidente de PDVSA y ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, ha destacado que fue el mismo Gobierno el que denunció el asunto y que la oposición busca sacar provecho del asunto, de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 26 de septiembre.

"Se ha tomado un conjunto de medidas drásticas; no es cualquier cosa que el detenido sea nada más y nada menos que el presidente de la empresa responsable", sostuvo anoche Ramírez.

No se ha establecido aún si los alimentos importados fueron adquiridos ya caducos o si se dañaron en las bodegas del puerto del noroeste del país donde fueron almacenados y hallados el mes pasado.

"Es evidente que aquí hay una campaña política montada en torno a un hecho que lo denunció la propia revolución", porque "el Gobierno Bolivariano demuestra que no tiene nada que esconder y quiere llegar a las últimas consecuencias de la investigación", añadió Ramírez.

Otro partido opositor, Un Nuevo Tiempo (UNT), también denunció a Chávez ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por traición a la patria el pasado 29 de abril, lo mismo que a "todo el alto mando militar" venezolano, denuncia que aún no es respondida por el TSJ.

El entonces el secretario ejecutivo de UNT, Enrique Ochoa Antich, manifestó que los cubanos han tomado "el control" de las principales instituciones castrenses del país, como la Dirección de Inteligencia Militar, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Casa Militar, encargada de la seguridad presidencial, además del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

El general de Ejército Antonio Rivero, quien en marzo pasado renunció a la Fuerza Armada Nacional, había denunciado días antes que personal militar de Cuba cumple "tareas de planificación y conformación de la organización militar, capacitación y adiestramiento" en las instituciones castrenses venezolanas.

Rivero, que cosechó elogios de afines y críticos al Gobierno por su labor en los últimos años al frente de la instancia de socorro Protección Civil, fue luego tildado de "triste" general por Chávez.

Le recriminó también que hubiera asumido "el discursito enemigo" de la supuesta "cubanización" venezolana para presuntamente atacar a su Gobierno, aunque admitió que "los cubanos nos están ayudando".

En Venezuela viven trabajan 60.000 cooperantes cubanos, entre ellos personal docente, deportivo y médico, como parte de los acuerdos de cooperación firmados entre Caracas y La Habana.