Los querellantes por la muerte del inmigrante Alpha Pam acusan a la Fiscalía de "proteger" al gobierno balear

La Asociación de Senegaleses de Mallorca, la de Drets Humans de Mallorca y los sindicatos UGT y Confederación General de Trabajo de Baleares (CGT), querellantes contra varios altos cargos del gobierno balear a raíz del fallecimiento del inmigrante senegalés Alpha Pam por una tuberculosis no diagnosticada, han criticado la "maniobra política" ejercida por la Fiscalía al pedir el archivo de la causa, lo que a juicio de las cuatro entidades persigue "proteger" a los responsables de la consejería de Salud querellados e "impedir que se investiguen los hechos".

En un comunicado remitido este jueves, las asociaciones expresan su rechazo ante la postura del Ministerio Público, que acusa a los querellantes de actuar "con fines políticos" y niega que Alpha Pam fuese víctima de una desasistencia médica. "La Fiscalía, mientras acusa a unas entidades sociales como las nuestras, intenta disimular su maniobra (esta vez sí) política de proteger a los cargos del ejecutivo de Bauzá, exculpando a los responsables políticos de la Consejería de Salud", inciden los querellantes.

Tal y como manifiestan en esta línea, el "inusitado interés de unos y otros de proteger a los presuntos responsables de una vulneración grave de los derechos humanos (...) nos hace pensar en que los intereses en juego en este caso son muy sensibles".

De hecho, además de la actitud de la acusación pública, expresan su disconformidad con parte de las resoluciones judiciales dictadas por el juez instructor de las pesquisas, Pedro Barceló, como la imposición de una fianza de 12.000 euros para que puedan ejercer acciones penales contra el consejero Martí Sansaloni y otros altos cargos -decisión recurrida ante la Audiencia Provincial de Baleares- y la inadmisión de los escritos presentados por los querellantes, lo que "nos aparta del procedimiento y nos lesiona el derecho de poder demostrar y justificar la condición de esta parte".

Las entidades, asistidas en esta causa por el letrado Pablo Alonso de Caso, expresan del mismo modo su "sorpresa" ante el escrito que presentó recientemente ante el Juzgado la representación legal de la familia de Alpha Pam puesto que, "más allá de defender los intereses de la familia, exculpa a los querellados y carga contra nuestras entidades, rebatiendo nuestros argumentos y mostrándose conforme con la fianza que el juez nos ha impuesto", además de afirmar que los querellantes no se han puesto en contacto con los familiares para contrastar los hechos.

Al respecto, los querellantes aseveran que, a pesar de que el ejercicio de la acción popular "no tiene por qué depender directamente de la voluntad de la familia", los hechos relatados en la querella "se redactaron basándose en el testimonio directo de los familiares en Mallorca y testigos más directos de la atención sanitaria que recibió Alpha". Es más, señalan que el presidente de la Asociación de Senegaleses, Madiop Diagne, se entrevistó con la familia sanguínea de Pam, con sus padres y hermanos, el pasado 6 de julio para informarles de sus actuaciones.

"Queremos manifestar que, a pesar de la sorprendente actuación de la representación legal de la familia y de la Fiscalía, así como de las demás dificultades que estamos encontrando en la instrucción de la querella, nuestra voluntad de seguir adelante está cada día más firme", recalcan las entidades que, además de querellarse contra Sansaloni, también lo hicieron contra el director general de Salud Pública y Consumo, Luís Rafael Santiso, el director del Servei de Salut, Miquel Tomàs, y el exdirector de la Fundación Hospital Comarcal de Inca, Fernando Navarro, quien fue cesado a raíz de estos hechos.

Y es que, tal y como subrayan, "la única razón que nos mueve, desde el máximo respeto a la familia de Alpha Pam, al juez instructor y al resto de las partes, además de que se investiguen los hechos y se depuren las responsabilidades por las actuaciones de las personas querelladas, es el respeto de los derechos humanos, que día a día se siguen vulnerando, por la aplicación de las leyes racistas y por los recortes despiadados de los derechos básicos, como la asistencia sanitaria, ejecutados por políticos sin principios éticos y sin alma".

En su querella, el letrado que asiste a las anteriores entidades señalaba cómo los hechos "germinaron" a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012, que "supuso la exclusión de los ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular del sistema nacional de salud", excepto en supuestos especiales en los que "prima sobre cualquier otra cuestión el derecho a la vida y a la integridad tanto física como psíquica".

En el caso de las islas, señala que los querellados, de forma "arbitraria, conjunta y preconcebida", implantaron "burdamente" un sistema sanitario a los extranjeros no autorizados como residentes, estableciendo un mecanismo de cobro automático e "indiscriminado" por el "mero hecho de que carecieran de tarjeta sanitaria, sin tener en consideración si dichos extranjeros tenían derecho a la asistencia gratuita" o por encontrarse en uno de los supuestos especiales de la anterior Ley.

LOS HECHOS QUE PRECEDIERON A LA MUERTE DE ALPHA PAM

En este estado de cosas, apunta a "uno de los casos más graves y deplorables ocurridos a consecuencia de la maquinación fraudulenta impuesta por los querellados", en alusión a la muerte de Alpha Pam, que "no es un caso extraordinario y excepcional, sino que es el más trágico de los que han acontecido hasta la fecha y que, de no haber actuado los querellados de forma arbitraria, se hubiera evitado".

Fue el pasado 23 de febrero cuando Pam acudió al centro de salud de Can Picafort acompañado de su amigo Kalidou cuando le derivaron al hospital de Inca para que le realizaran una valoración y radiografía del tórax con la finalidad de confirmar o descartar el contacto con tuberculosis ante la sintomatología que presentaba.

Así, el día 28 acudieron al centro hospitalario con la hoja de derivación de Atención Primaria de Can Picafort, en la que la facultativa adscrita a este centro hizo constar "juicio diagnóstico contacto con tuberculosis" así como "plan de actuación derivo a urgencias del hospital comarcal de Inca para 'rx tórax' y valoración, ya que ha habido brote de 'tbc' (tuberculosis) en Can Picafort y sospechamos que éste sea el caso primario".

PRUEBA MÉDICA DE CINCO MINUTOS Y DIAGNÓSTICO DE BRONQUITIS

A pesar de ello, la querella asevera que le fue denegado el acceso a urgencias por carecer de tarjeta sanitaria en el departamento de admisión. Días después, debido al empeoramiento de la salud del afectado, acudió de nuevo al hospital el 5 de abril, donde su amigo, "con contundencia y vehemencia", requirió al centro para que le atendieran, viéndose obligado a "chillar por la pasividad que el centro de salud mantenía ante el estado de salud del señor Pam y que le causaba una gran impotencia".

El centro decidió así admitirle, no sin antes cumplimentar el compromiso de pago, donde tuvo que esperar más de 40 minutos hasta que fue atendido. Según la denuncia, la asistencia médica duró apenas cinco minutos -previamente se le denegaron la radiografía del tórax que se le debía realizar-, y le fue diagnosticada una bronquitis. Días después y "de nuevo desesperadamente" ante el empeoramiento de su estado de salud, acudió al centro hospitalario pero se le denegaron las pruebas que le habían prescrito en Can Picafort.

Poco después, el 21 de abril, Pam falleció en su domicilio de Can Picafort. Los resultados de la autopsia que se le practicó confirmaron que murió por tuberculosis.