El recorte al Estatut reaviva el debate sobre el encaje de Cataluña en España

Cuando los partidos políticos catalanes se pusieron a redactar en 2004 el nuevo Estatut lo hicieron con la esperanza de que, al final del proceso, quedaría zanjada al menos por muchos años la relación con España, confiando en acordar un nuevo marco estatutario en el que Cataluña pudiese sentirse más cómoda.

El proceso de elaboración y aprobación del Estatut fue largo y difícil, pero culminó en 2006 con un pacto entre Artur Mas y José Luis Rodríguez Zapatero, del que se desmarcaron tanto ERC como el PP, por razones opuestas.

El Estatut entró en vigor el 9 de agosto de 2006, después de haber sido ratificado en referéndum por el pueblo catalán, pero el PP -además del Defensor del Pueblo y varias comunidades autónomas- llevó el texto al TC, un recurso que cuatro años más tarde, después de un proceso repleto de altibajos, polémicas y tensiones, ha tenido finalmente su sentencia.

Los recortes en cuestiones troncales como el concepto "nación", la lengua catalana, la financiación o las competencias indignaron a toda la clase política catalana salvo a PP y Ciutadans, máxime por el hecho de que las rebajas venían dictadas por un TC en su opinión deslegitimado, con varios magistrados con su mandato ya caducado.

Aunque en general los partidos políticos catalanes coinciden en que la prioridad nacional es sacar al país cuanto antes de la crisis económica, todos ellos se presentan a las elecciones con respuestas concretas a la situación creada por la sentencia del TC.

El presidente de CiU, Artur Mas, entiende que el TC ha dinamitado las aspiraciones catalanas canalizadas a través de un proceso en el que se respetaron las reglas democráticas para reformar el Estatut y considera que, tras este portazo, a Cataluña no le queda más remedio que buscar otro camino para seguir desarrollando su autogobierno.

Este camino tiene que ser a su juicio la aplicación del "derecho a decidir" de los catalanes, priorizando aquellos asuntos que más unan a los catalanes, como la defensa de un concierto económico, y no un referéndum de autodeterminación que a día de hoy dividiría la sociedad en dos mitades.

El candidato del PSC a la reelección como presidente de la Generalitat, José Montilla, también reaccionó irritado ante la sentencia del TC, pero la salida que plantea pasa por intentar recomponer todas las piezas del Estatut, negociando con Madrid.

Montilla rechaza plantear referendos de autodeterminación y defiende impulsar, cuando sea posible, una reforma de la Constitución para evolucionar hacia un Estado verdaderamente federal.

Tras los recortes al Estatut, el presidente de ERC, Joan Puigcercós, da por muerta definitivamente la vía estatutaria y apuesta sin matices por la independencia, comprometiéndose a entrar en un futuro Govern sólo si se acepta convocar una consulta de autodeterminación en la próxima legislatura.

Además de ERC, también Solidaritat Catalana del ex presidente del Barça Joan Laporta y Reagrupament del ex conseller Joan Carretero proponen declarar en los próximos años la independencia.

Por su parte, el candidato de ICV-EUiA, Joan Herrera, insiste en recuperar el contenido íntegro del Estatut, en su defecto aboga por reformar la Constitución y, en caso de no ser posible, propone una consulta en Cataluña con varias opciones a elegir, entre ellas la independencia, en la que él abogaría por un modelo federalista.

En el lado opuesto se sitúan el PPC de Alícia Sánchez-Camacho y Ciutadans, presidido por Albert Rivera, que dan por finiquitadas las discusiones sobre el Estatut, reclaman amoldar las leyes catalanas a la sentencia del TC y alertan de las consecuencias de hacer caso omiso a los recortes aplicados al Estatut.

Roger Mateos