La secretaria judicial del caso Mari Luz dice que el control era del juez

El Juzgado Central de lo Contencioso número 3 de la Audiencia Nacional ha visto hoy el recurso presentado por la secretaria judicial Juana Gálvez contra la sanción que le impuso el Ministerio de Justicia por su actuación al no encarcelar a Santiago del Valle, presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, para cumplir una condena de 21 meses de cárcel por abusar sexualmente de su propia hija.

El abogado de la secretaria judicial ha asegurado que el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla seguía el "modus operandi" de su titular, Rafael Tirado, que era quien llevaba el control de las ejecutorias por lo que no se le puede exigir a la secretaria judicial un comportamiento diferente del que mantuvo, ya que, en caso contrario, habría incurrido en una falta grave de desobediencia expresa de un superior.

Tirado fue sancionado por el Consejo General del Poder Judicial con una multa de 1.500 euros por los retrasos en ordenar la ejecución de dicha sentencia.

Además, la defensa de Gálvez ha solicitado a la Audiencia Nacional que declare la nulidad de la sanción al considerar que no se ha justificado por qué se le impuso una sanción por una falta grave de negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, lo que ha considerado imprescindible.

El letrado ha recordado que la instructora del expediente a Gálvez había propuesto una suspensión de 6 meses pero, el mismo día que se conoció la sanción al juez Tirado, el Ministerio de Justicia anunció que se había elevado a 2 años, sin que se motivara ni se le diera traslado para que alegara.

También ha considerado que la sanción no debería haber sido dictada por el secretario de Estado de Justicia sino por el ministro de Justicia.

En el recurso que hoy ha visto el tribunal, Gálvez alegó las "calamitosas" condiciones de trabajo y el "caos" que había en el Juzgado, además de la carga "insostenible" de asuntos y el "disparate legal" de que su sanción fuera superior a la impuesta al juez Tirado.

Según el abogado del Estado, que ha defendido la sanción impuesta por el Ministerio de Justicia, aún admitiendo la falta de personal en el Juzgado no se justifica que el expediente de Santiago del Valle estuviera 23 meses paralizado.

"Muchos de los errores observados en el procedimiento no son por falta de personal sino por una ausencia de supervisión por parte de la secretaria judicial", ha recalcado el abogado del Estado, que ha reiterado que Gálvez cometió un incumplimiento notorio de sus funciones con un grado de negligencia "muy grave".

Todo ello, ha señalado, a pesar de que la secretaria judicial "había sido conminada personalmente" para cambiar su conducta en una inspección que se hizo en el Juzgado.

El abogado del Estado ha defendido la proporcionalidad de la sanción y se ha referido al daño a la imagen de la Justicia y a la sensación de inseguridad e impunidad que percibieron los ciudadanos con este caso.