Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

La defensa dice que solicitará el sobreseimiento del caso 'Caja Segovia' ante la ausencia de hechos ilícitos

El juez señala para febrero la declaración como testigos de un exjefe de Auditoría de la Caja y un auditor de KPMG
La defensa de los imputados en el caso de las retribuciones millonarias de Caja Segovia solicitará el sobreseimiento de las actuaciones al entender que no existen hechos ilícitos ni que se aproximen siquiera a lo que puede ser un delito.
El abogado Joaquín Rodríguez Miguel, quien ha acudido este miércoles al Juzgado en representación legal del exsecretario general de la entidad Antonio Tapias, ha explicado que esperará a que el juez confirme que no se practicarán nuevas diligencias para presentar un escrito de alegaciones reclamando que se ponga fin al proceso.
De momento, según ha dicho, hay señaladas para febrero las declaraciones de dos personas en calidad de testigos, la de un auditor de KPMG y la de José Francisco Santos, exdirector de Auditoría de la Caja.
El abogado ha insistido en el convencimiento pleno de que no existe otra solución que sobreseer el caso abierto tras la denuncia de UPyD. Este partido considera que hubo administración desleal, irregularidades e intercambio de favores en el seno de la extinta y "expoliada" Caja Segovia, cuyos directivos, según cifra, se repartieron unos 34 millones de euros en concepto de retribuciones y planes de pensiones.
Sin embargo, Rodríguez ha incidido en que muchos hechos que han salido a la luz no responden a la realidad y en que aquellas actuaciones que constan documentalmente en las actas no revelan la existencia de delitos. En este sentido, ha recalcado que es "muy significativo" que nadie, incluidos Banco de España y Junta de Castilla y León, dijera nada sobre las millonarias retribuciones aun teniendo conocimiento de todos los hechos.
"Eso no es garantía de que todo se haya hecho todo bien, pero sí bastante significativo de lo contrario, de que no se ha hecho mal", ha aseverado en declaraciones recogidas por Europa Press, al tiempo que ha valorado que a nivel político los partidos hagan valer sus opiniones pero ha rechazado que éstas no deben llevarse a los tribunales para llamar la atención de la opinión pública.
Antonio Tapias, quien ha rechazado hacer declaraciones por indicación de su representante legal aunque ha confesado sentirse "fenomenal de ánimo y tranquilo", ha protagonizado la última y más breve de las declaraciones ante el magistrado que instruye el caso de la extinta entidad, hoy integrada en Bankia.
Por el Juzgado número 2 de Segovia han pasado durante esta semana el resto de integrantes de la Comisión de Retribuciones de Caja Segovia entre 2008 y 2010: el expresidente de la entidad, Atilano Soto; el exvicepresiente, Manuel Agudíez; el exdirector general, Manuel Escribano, y la exsecretaria de la citada Comisión, Elena García Gil.
Durante la comparecencia de hoy, Antonio Tapias ha explicado algunas cuestiones generales del funcionamiento de los órganos de la Caja, así como algunos asuntos concretos de las prejubilaciones, en concreto las modificaciones. Sobre ello, ha señalado que el régimen de prejubilaciones de los directivos se modificó "en función de los acontecimientos", pero que los cambios siempre tuvieron un sentido y estaban plenamente justificados, y ha señalado que estos regímenes se establecen en todas las entidades bancarias para ahorrar gastos a las entidades financieras.
"HECHOS TERGIVERSADOS"
Como el resto de imputados, Tapias no ha contestado a las preguntas de las acusaciones. Su abogado ha matizado al hilo de ello que las cuestiones planteadas por el Ministerio Fiscal no denotaban un tono acusatorio, sino que pretendían buscar aclaraciones.
Ha destacado asimismo el daño causado a su representado, a quien se le ha hecho pasar por "ladrón o mal gestor", según ha asegurado. "Eso hace daño a nivel personal, social y familiar", ha lamentado Rodríguez, quien ha insistido en que se han "tergiversado" los hechos y se han dicho cosas que no son ciertas, como que ha habido aumentos de sueldo sin justificación y destinados a incrementar las prejubilaciones o que éstas eran una prebenda para los directivos.
"Se han tergiversado los hechos para dar apariencia delictiva, pero nadie ha dicho nunca nada porque estaban dentro de la legalidad. Podrán gustar más o menos, pero son legales", ha remarcado.
"SIN SORPRESAS"
Por su parte, el abogado Andrés Herzog, miembro del Comité Nacional de UPyD, ha manifestado que la declaración del exsecretario no ha supuesto sorpresas ni se le ha preguntado por qué no se rescataron las pólizas y las cantidades con las que se dotaron el plan de prejubilación una vez éste no tenía sentido ni había que retener talentos, algo que ha considerado principal. "Sigue sin responderse esto ni confirmarse los importes, otro asunto que sigue envuelto en un gran ocultismo", ha apostillado.
Herzog ha confiado en que se aporte más luz en la ronda de declaraciones prevista para febrero, en las que los testigos tendrán la obligación de responder a cuestiones que planteen las acusaciones, así como ha esperado que se ponga cuanto antes fecha a la comparecencia de los consejeros, que acudirán en calidad de imputados si no hay una desimputación formal con anterioridad. Según ha dicho, queda por saber por qué el Consejo de Administración aprobaba las cuantías de los directivos sin hacer preguntas concretas al respecto.
El abogado de UPyD ha vuelto a lamentar que los responsables de Caja Segovia hayan presentado los planes de jubilación y seguros como un "sacrificio" porque imponían mayores requisitos a los directivos que al resto de plantilla y no se haya hablado de cuantías. "Insisten en que la Caja tuvo resultados magníficos y en que ellos se sacrificaron por la entidad", ha reprochado Harzog, quien ha señalado que el juez no se ha centrado en preguntar sobre los acuerdos de unas actas "escuetas y que no aclaran gran cosa".