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El juez suspende la declaración de mañana de la gerente y el asesor del PP por una derivada del despido de Bárcenas

El juez de Instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha suspendido la declaración prevista para mañana de la tesorera y gerente del PP, Carmen Navarro, y el asesor jurídico del partido, Alberto Durán, tras presentar un recurso en dicho Juzgado de Plaza de Castilla, han informado a Europa Press fuentes 'populares'.
La comparecencia de ambos estaba fijada este martes en calidad de investigados para que aclarasen si la formación tuvo o no conocimiento de que el extesorero Luis Bárcenas había solicitado su reingreso a través de una carta que presuntamente recibió la jefa de personal, Milagros Puentes.
Las citadas fuentes han explicado que en su recurso tanto Navarro como Durán alegan que nunca han tenido participación en unos hechos que además no consideran constitutivos de delito.
El pasado 22 de diciembre, el magistrado tomó declaración como investigada a Milagros Puentes, a la que Bárcenas acusa de mentir ante notario sobre el proceso de su despido. Era la segunda vez que la trabajadora del PP comparecía por la presunta comisión de delitos de falsedad documental y estafa procesal.
Milagros Puentes negó en un acta notarial haber estampado su firma en el acuse de recibo de una carta fechada en febrero de 2010 y en la que Bárcenas solicitaba el reingreso en el partido. No obstante, una pericial caligráfica ordenada por el juez desmintió su versión y apuntó a que la letra que figura en el documento es suya.
El letrado de Bárcenas, Francisco Maroto, aseguró en diciembre que su intención era que, en último extremo, compareciera ante el juez la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, después de que, según él, en la declaración de Puentes se desprendiera que recibió órdenes de sus superiores.
En julio de 2014, el Juzgado de lo Social número 16 de Madrid desestimó la demanda por despido improcedente presentada por Bárcenas y por la que le reclamaba al PP 900.000 euros. Su versión era que el despido se realizó en enero de 2013, y no en abril 2010 como afirmó la formación que preside Mariano Rajoy.
El PP defendió que desde esta fecha hasta diciembre de 2012 el extesorero recibió una indemnización en diferido a razón de 21.000 euros mensuales hasta cobrar 700.000 euros.