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La familia de una las víctimas de la explosión de la Pirotecnia Zaragozana recurre el archivo de la causa

La familia de uno de los seis fallecidos por la cadena de explosiones que el 31 de agosto de 2015 se registraron en la empresa Pirotecnia Zaragozana, en el barrio rural zaragozano de Garrapinillos, ha presentado este jueves recurso contra el auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza, María José Bellido, que decreta el sobreseimiento provisional de la causa abierta de oficio por este siniestro.
El recurso se ha presentado ante el mismo juzgado y, en caso de que sea rechazado, se podrá formular ante la Audiencia Provincial de Zaragoza. El abogado de la familia, Javier Hernández, ha explicado a Europa Press que si bien no existe un plazo para que la juez responda, "no tendría que tardar mucho" ya sea para contestar afirmativa o negativamente.
Hernández ha reconocido que si bien "es muy difícil saber las causas" de lo ocurrido, sentido en el que argumenta la juez para archivar el caso, considerando, a la vista de los informes, que es imposible determinar las causas de la explosión porque el nivel de destrucción en que quedaron las instalaciones, "sí que hay materia para investigar", ha apostillado el letrado.
En concreto, ha mencionado el informe del Laboratorio Oficial Madariaga, el más extenso que forma parte del procedimiento, que señala la existencia de una furgoneta cargada que pudo actuar como potenciador de la explosión, se refiere a la distancia entre las casetas y a la posibilidad de que hubiera "más carga de la permitida", así como a "la falta de formación de los trabajadores".
A su entender, estos podrían ser indicios de un delito contra los derechos de los trabajadores por no tener las medidas adecuadas de protección.
SORPRESA
El letrado ha esgrimido, igualmente, que aunque la juez considera que no hay indicios de que se haya cometido un delito de negligencia muy grave, "están las menos graves" y ha trasladado la "sorpresa" de la familia de este trabajador fallecido, al que le quedaba algo más de un año para jubilarse, ya que "casi si darnos tiempo a leer los informes, sobre todo el último de la Guardia Civil, y sin practicar ninguna otra prueba" ha decidido sobreseer el caso.
Javier Hernández ha detallado que las actuaciones estaban acompañadas de varios informes, entre otros, de la Benemérita, de criminalística, que se centra en el siniestro, aunque no en las causas, del Grupo de Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil y el informe de Laboratorio Madariaga.
A su entender, como "mínimo" se debería contar con un informe "exhaustivo" de la Inspección del Trabajo, que no existe, sobre las medidas de protección laboral, mientras que ha estimado que las declaraciones tomadas por la Benemérita las horas posteriores del accidente se tendrían que ampliar en sede judicial.
En este punto, ha expuesto que de los informes se deduce que se estaba trabajando con clorato potásico, que es una sustancia "altamente explosiva y requiere de una adecuada formación para manejarla", mientras que el ingeniero jefe de la planta apunta que "se estaba operando con un producto nuevo en la cabina que explotó en primer lugar".
Según ha comentado, "todo parece ser que viene por ese producto nuevo", del que "se aporta un documento en inglés", pero sin traducción y sobre el que "no se ha investigado", ha remarcado.
Hernández ha manifestado que el objetivo de sus clientes no es pecuniario, ya que de ser así podrían haber alcanzado un acuerdo para recibir la máxima indemnización legal de la compañía de seguros, sino que persiguen "que esto no vuelva a pasar" y "la única forma es que realmente se investigue lo ocurrido".
El abogado ha indicado que cuatro de las seis familias de los fallecidos sí han alcanzado un acuerdo con la compañía de seguros y hay una quinta que sí se personó en el procedimiento abierto inicialmente.