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El juzgado de violencia sobre la mujer asume el caso de Sonia Iglesias, la pontevedresa desaparecida hace tres años

La familia Iglesias Eirín espera poder sacarle la custodia del hijo de la desaparecida a su expareja, único imputado hasta el momento
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha decidido que el juzgado especializado en violencia sobre la mujer asuma el caso judicial abierto por la desaparición de Sonia Iglesias Eirín hace más de tres años.
La familia Iglesias Eirín, que demandaba desde hace tiempo este cambio, ha acogido con satisfacción la decisión, ya que espera que marque un punto de inflexión al reactivarse las diligencias sobre la desaparición hace tres años de esta mujer pontevedresa.
"Es positivo para nosotros porque creemos que así pueden seguir con las diligencias que estaban abiertas o incluso pueden abrir nuevas diligencias", ha aseverado Mari Carmen Iglesias, hermana de la desaparecida.
Sin embargo, ha incidido en que "lo más importante" para la familia es que "se abre la posibilidad" de que consigan separar al hijo de Sonia Iglesias de su padre y expareja de la desaparecida, que es "el único imputado que hay hasta el momento por su desaparición", según ha recordado Mari Carmen Iglesias.
El traslado del expediente a un juzgado especializado en violencia de género será, por lo tanto, un argumento para solicitar la custodia del hijo de Sonia, ya que el menor vive con su padre, Julio Araújo, que es el único imputado.
PROCEDIMIENTO
El Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra llevó desde un primer momento este caso, pero a principios de 2013 el juez pidió que pasase a la sala especializada en violencia sobre la mujer. Este primer intento resultó frustrado porque este último juzgado lo rechazó en mayo.
El fiscal jefe de la Audiencia de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, también entiende que debe ser un juzgado de violencia de género el que lleve el caso, de modo que presentó un recurso ante la Audiencia Provincial para que no se admita la última resolución del juzgado especializado por la que rechaza asumir el proceso judicial.