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Alumnas se sintieron coaccionadas por una docente de la UAL

Cinco de las seis alumnas cuyas notas modificó de aprobado a suspenso una exprofesora de la Universidad de Almería (UAL) tras haber suscrito un escrito de queja contra ella han asegurado al tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial que se sintieron "coaccionadas" por I.M.P.R. para firmar un segundo escrito de rectificación y que entendieron que, si no lo hacían, no iban a poder "recuperar" sus verdaderas calificaciones.
Durante la primera sesión de la vista oral que se celebra contra I.M.P.R. por un presunto delito de falsedad en documento público y seis de coacciones, las principales testigos de la causa han coincidido en señalar a preguntas de la fiscal que fueron "conscientes" de que se les había suspendido por firmar el documento en el que se pedía el despido de la acusada y todas, a excepción de una, han afirmado que les dijo que si se retractaban "nos aprobaba".
Por su parte I.M.P.R., quien se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años de prisión, ha reconocido ante la sala que, a la hora de evaluar la asignatura, lo que a la postre se tradujo en una modificación de las notas que oscilaban entre el cinco y el nueve, tuvo en cuenta la "actitud negativa" de las alumnas tanto "hacía la asignatura como hacía mí como profesora".
"Yo no cambié nada", ha indicado en referencia a las notas con que había calificado el profesor que la había estado sustituyendo durante cuatro meses por una baja maternal para, a continuación, resaltar que a "una persona no se le puede hacer eso que me hicieron", en alusión al escrito de queja que firmaron un total de 106 alumnos. "No me dijeron nada, no me comunicaron que tenían problemas y había otras vías para hacerlo. No me dieron opción", ha lamentado.
También a preguntas de la fiscal, la acusada ha relatado que, durante las entrevistas que de manera individual mantuvo con las afectadas en la tutoría de revisión, les trasladó que con la entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) "también se tenía que valorar la actitud" y les preguntó si reconocían sus firmas en el escrito de queja y si realmente pensaban lo que recogía.
"Después --ha añadido-- les di la opción de que, si querían, podían reflejar lo que me habían contado en un escrito de su puño y letra ya que me habían abierto un expediente". Según ha manifestado, "todas aceptaron". "No creo que se sintieran coaccionadas. Las aprobé porque al hablar con ellas comprobé que no había intencionalidad en dañarme. Valoré en este caso su actitud positiva".
"AMBIENTE SICILIANO"
Interpelada por el letrado que ejerce su defensa, I.M.P.R. ha asegurado que las alumnas le transmitieron que si hubieran sabido "que el escrito pedía mi despido, no lo hubieran firmado" y ha aludido a una posible "persecución por parte del estamento universitario". "Me sentí acosada cuando me mandaron a casa estando de baja maternal la denuncia, cuando no se me escuchó en ningún momento y cuando se decidió suspenderme cautelarmente sin que hubiese concluido el expediente", ha concluido.
Por su parte, las mayoría de las alumnas presuntamente coaccionadas han coincidido en que, de una u otra manera, la exdocente les dio a entender que "si no firmábamos el retracto no recuperaríamos la nota". Así, una de ellas ha señalado que la citada rectificación fue "idea" de la acusada mientras que otra ha llegado a definir el ambiente en el despacho como "siciliano".
"Estábamos marcadas y hubiera hecho lo que me hubiese pedido por aprobar" ha considerado mientras otra de las testigos ha indicado que le preguntó que podía hacer para recuperar su calificación y que "viendo lo que había pasado con la otras" se ofreció ella misma para firmar "pese a que pensaba que las quejas eran correctas".
FISCAL
Según recoge el escrito de acusación, I.M.P.R. era en los años 2006 y 2007 profesora asociada del Área de Enfermería de la UAL, en concreto, en la asignatura de Metodología del Cuidado del tercer curso de la diplomatura. A finales de 2006, presentó una baja administrativa médica por enfermedad y fue sustituida temporalmente por otro profesor contratado.
En esas fechas, un total de 106 estudiantes firmaron un escrito de queja contra ella por actitudes en su condición de profesora y lo presentaron en el departamento que tiene las competencias en el campus de La Cañada. A continuación, se le dio traslado y presentó el escrito de descargo en febrero de 2007.
Mientras, el profesor contratado para sustituirla continuó con el programa de la materia y examinó a los alumnos en la convocatoria de enero. Según se reflejó en el listado de notas provisional, las seis alumnas afectadas por el comportamiento presuntamente irregular de I.M.P.R. obtuvieron, en su mayoría, aprobado mientras que una de ellas fue calificada con un sobresaliente. Remarca en esta línea el fiscal que el cambio "no respondió a ninguna razón de tipo académico" pero que sí que afectó a alumnas que habían suscrito la queja.
La vista, por la que la acusada se enfrenta asimismo a una pena de 20 meses de multa a razón de doce euros al día por cada uno de los seis delitos de coacciones que le imputa el Ministerio Público, se va a reanudar este miércoles con la práctica de las pruebas pericial y documental, así como el trámite de informes.