La ley de Arizona entrará en vigor sin sus secciones más polémicas

La medida representa una victoria para los críticos de la medida, que alegan que esa ley puede conducir a la discriminación racial, y para el Gobierno de EE.UU., cuyo Departamento de Justicia ha interpuesto una de las siete demandas pendientes contra esa norma.

Pero la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, que promulgó la ley el 23 de abril, ya ha indicado que apelará contra el bloqueo, lo que promete abrir una larga batalla legal.

La orden de hoy "es un pequeño obstáculo en el camino", indicó la gobernadora, que consideró que la sentencia "da la venia de los tribunales al Gobierno para no hacer su trabajo" de lucha contra la inmigración ilegal.

En su dictamen hoy en Phoenix, la jueza ordenó el bloqueo de tres provisiones clave, incluida la obligación de los agentes de Policía a comprobar el estatus migratorio de una persona a la que hayan detenido por otras razones.

También queda en suspenso la aplicación de otra sección que obliga a los inmigrantes a llevar encima siempre la documentación que demuestre que se encuentren de manera legal en el país.

Igualmente se suspende el apartado que convertía en delito el que los inmigrantes indocumentados pudieran pedir empleo en lugares públicos.

La jueza apunta que "hay una probabilidad sustancial de que los agentes detendrán erróneamente a inmigrantes legales bajo la nueva ley", conocida como SB1070.

"Al aplicar esta medida, Arizona impondría una carga 'extraordinaria, inusual y característica' a los inmigrantes ilegales que sólo el Gobierno Federal tiene autoridad para imponer", añade el dictamen de la jueza.

El Departamento de Justicia "es probable que tenga éxito en su demostración de que la ley federal se impone sobre estos aspectos de la Ley SB1070", subraya la magistrada.

Los fragmentos de la ley que fueron bloqueados hoy se mantendrán en suspenso hasta que los tribunales federales se pronuncien sobre su contenido.

Se calcula que en Arizona hay cerca de 460.000 inmigrantes indocumentados, la mayor parte de ellos hispanos. En todo EE.UU. se considera que residen doce millones de indocumentados.

Las encuestas apuntan a que la mayor parte de los estadounidenses respaldan la SB1070. No obstante, entre los hispanos la mayoría rechaza la ley y exige en su lugar una reforma migratoria integral.

Con la victoria de hoy, los grupos pro-inmigrantes, que habían organizado grandes protestas para esta misma tarde y, sobre todo, para mañana en distintos puntos de este estado, estudian ahora cómo actuar.

"Para nosotros es una victoria importante y la celebramos, aunque es pequeña porque queremos ver un cambio en las políticas represivas contra los inmigrantes en Arizona. Con o sin el dictamen de la juez, seguiremos nuestras protestas y vigilias" dijo a Efe Nicole Torre, portavoz del grupo "Promise Arizona".

Sin embargo, el alguacil Joe Arpaio, del condado de Maricopa, que tiene a gala ser uno de los "sheriffs más duros de EE.UU.", dijo que el dictamen de Bolton no frenará sus "operaciones de supresión del crimen".

El Departamento de Justicia consideró que el bloqueo de las partes más polémicas de la medida es "la decisión correcta".

Según su portavoz Hannah August, "los estados pueden desempeñar y desempeñan un papel en la cooperación con el Gobierno federal (a la hora de establecer leyes), pero deben hacerlo dentro del marco constitucional" y eso es lo que reconoce la decisión de hoy.

Sus colegas del Departamento de Seguridad Nacional se felicitaron también por la decisión que, dijeron, "ratifica acertadamente la responsabilidad del Gobierno federal de velar por el cumplimiento de las leyes de inmigración del país".

Las organizaciones estadounidenses de defensa de los derechos civiles aplaudieron la decisión de la jueza federal Bolton.

Para Janet Murguía, del Consejo Nacional de La Raza, la jueza Bolton, "no sólo se ha puesto del lado de la comunidad latina, sino del lado de la Constitución" y por ello esta es una "victoria inequívoca".

El director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Anthony Romero, afirmó que "este es un paso adelante que ayudará a proteger a los residentes de Arizona contra la identificación racial y la discriminación".