Becerril espera que España "sea un país más generoso" al reconocer asilo a las víctimas de trata

La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, espera que España "sea un país más generoso" a la hora de reconocer el derecho de asilo a víctimas de trata, ya que desde 2006 sólo seis mujeres han recibido protección internacional por este motivo.

Así se ha expresado en declaraciones a los medios tras la inauguración del II Congreso de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía Española que ha arrancado este miércoles en Madrid y en la que ha participado junto al presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer y el magistrado Fernando Grande Marlaska.

Becerril ha puesto el acento en su intervención en la importancia de la detección de las víctimas, que "son silenciosas" ya que en matería de regulación "está todo discutido" pero en atención. "Quizá no seamos tan cuidadosos como debiéramos", ha comentado.

En esta línea, ha destacado la importancia de la formación especializada de todos los agentes, especialmente los letrados, y ha señalado como reto la identificación de perfiles de victimas de trata en las solicitudes de asilo ya que "debería ser una de las causas para la aceptación" de las peticiones.

"La parte más nueva es diagnosticar en las demandas de protección internacional como consecuencia de guerras y persecuciones si en estas solicitudes hay personas que lo piden no sólo por la guerra sino porque además, han caido en redes de trata de seres humanos", ha explicado.

Según ha añadido, "debería ser una de las causas para la aceptación, no es solo que vengan de países en guerra, es que además han llegado al interior de Europa en manos de redes y necesitan absoluta y total protección".

En su opinión, "cada vez hay mayor conciencia de la necesidad de asistir a estas personas y aceptar sus reclamaciones y concederles la residencia" y "cada vez hay más sensibilidad", aunque desde 2006 sólo se ha reconocido asilo en España a seis víctimas de trata y dos de sus hijos. "Espero que eso se aumente y que España sea en esa dirección, un país más generoso de lo que somos todavía", ha añadido.

La intervención de Becerril ha precedido a una mesa redonda en la que han participado la investigadora y activista de Ca-minando Fronteras, Helena Maleno; la coordinadora de Protecto Esperanza, Marta González; y la presidenta de Women's Link Worldwide, Viviana Waisman, en la que se ha puesto en evidencia que el Estado falla a la hora de responder a estas mujeres.

"Hay que entender la trata en el contexto de la oferta y la demanda, en el de un capitalismo brutal donde las personas pueden ser compradas y vendidas. Hay así una responsabilidad de toda la sociedad (...) tenemos que entender nuestra situación como país de destino", ha señalado Maleno.

La activista, con base en Marruecos, documentó recientemente para la ONG Women's Link la situación en Edo State, en Nigeria, lugar de donde procede parte de las víctimas de trata de esta nacionalidad que llegan a España y el resto de Europa. Ha puesto un ejemplo de aquella experiencia, un joven que se ganaba la vida buscando mujeres que captar y que afirmaba seleccionarlas cada vez más jóvenes porque en España se demandaban "niñas negras" para "competir" con las "asiáticas".

Sobre la respuesta de España, ha afirmado que es "incapaz" de proteger a las víctimas, como cuando llegan con sus bebés y la respuesta que reciben es "ante la incapacidad de proteger al núcleo familiar", quitarles al niño. "¿Estamos protegiendo a estas mujeres o nos interesa que escapen de los centros?", ha planteado.

Para González, "la trata es una violación de derechos humanos, así que el Estado tiene un plus de responsabilidad" a la hora de combatirla y sobre todo, responder a sus víctimas "garantizando su reparación". "Las víctimas deben estar en un lugar central, por encima de cualquier otra consideración de orden público o seguridad. Una víctima lo es por lo que ha sufrido, al margen de si ha denunciado o no", ha señalado.

Ha destacado los casos de dos mujeres atendidas en la actualidad por Proyecto Esperanza como ejemplo de los perfiles que llegan a España. El de una mujer nigeriana de 24 años y estudiante de Enfermería en una familia empobrecida que fue engañada con la promesa de un trabajo en Europa. Contrajo una deuda de 50.000 euros, fue introducida en el país y obligada a ejercer la prostitución en una calle del centro de Madrid durante un año en el que sufrió todo tipo de violencias, hasta que escapó.

El otro caso es el de una europea, una joven rumana de 19 años en situación de exclusión social severa y que no tuvo acceso a la educación formal. Su madre y ella fueron engañadas por una prima que ofrecía trabajo en un club español con ganancias al 50%. Fue explotada durante seis meses en los que se la privó de su libertad de movimiento y se la mantuvo en régimen de esclavitud. "Esto es lo que está pasando", ha señalado.