Becerril asegura que las quejas de 2012 superaban ya en agosto a las de todo 2011, con Andalucía y Madrid a la cabeza

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha asegurado este jueves en Sevilla que las quejas que han llegado su oficina este año superaban ya en agosto a las de todo 2011 --23.685 en lo que va de 2012 contra 23.433 el pasado año--, lo que demuestra que "las circunstancias sociales y económicas son muy difíciles en este momento". Además, ha informado de que son Andalucía y Madrid las comunidades autónomas desde las que se han recibido más quejas, 2.901 y 6.411, respectivamente.

Además, y en el caso de las quejas llegadas desde la comunidad andaluza, por provincias, Sevilla aglutina el mayor número de quejas con un total de 756, superando ya la cifra de 2011 que fue de 658, seguida de Málaga (489); Granada (450); Cádiz (396); Córdoba (376); Jaén (162); Huelva (140); y Almería (132). Del mismo modo, y por temas, la mayoría de las quejas recibidas tienen que ver con la crisis económica: hipotecas, productos financieros abusivos, vivienda, o prestaciones sociales.

La Defensora ha realizado este anuncio tras reunirse en Sevilla con el alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido, después de una primera entrevista con el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en el que es el primero de una serie de viajes oficiales que la llevarán a recorrer todas las comunidades autónomas. Sobre los encuentros ha dicho que se han desarrollado "en términos institucionales", y en ellos se ha hablado "de Andalucía y las circunstancias económicas".

Además, y en el caso de su encuentro con el alcalde, la Defensora ha dicho que éste le ha informado "sobre la marcha de la ciudad, la ampliación del Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) y otras grandes obras de la capital". Asimismo, ha asegurado que ha comunicado a Zoido, como expresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la recomendaciones que en las últimas semanas la Alta Institución ha hecho a la Federación, y que "espera que el presidente --Íñigo de la Serna-- transmita a los alcaldes".

Dicha recomendaciones, ha explicado Becerril, versan sobre los ruidos, sobre "los que hay muchas quejas de ciudadanos", por lo que "le hemos recomendado que tomen nota y que los servicios de inspección de los ayuntamientos deben actuar en los momentos oportunos, cuando se están produciendo esas molestias". Además, "y a raíz de la liberalización y supresión de trabas para abrir negocios y empresas, una medida estupenda, le hemos recomendado que éstas no produzcan actividades molestas, algo ante lo que habrá que estar vigilantes", asegura.

Del mismo modo, Becerril se ha referido también a otras recomendaciones hacia el Gobierno central y el Ministerio de Economía y Competitividad en relación con las denominadas preferentes, "adquiridas por gentes que no sabían qué estaban adquiriendo y que compromiso estaban adquiriendo con las entidades bancarias".

Así, continúa, desde la Defensoría se ha recomendado al Ministerio y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), "poner condiciones para que se puedan suscribir estas primas", una recomendación ante la que el Gobierno "está elaborando una norma para poner condiciones a las entidades bancarias, de modo que los ciudadanos que se acojan a esas preferentes conozcan bien los riesgos y antes de firmar sepan las dificultades que pueden tener en le futuro".

En este sentido, añade que las entidades bancarias "incluso le van a exigir una cantidad importante" a aquellos interesados en adquirir preferentes, "para que no se aun persona con pequeños ahorros quien invierta, sino personas que ya están en el mundo de la finanzas y saben muy bien qué hacen".

En otro orden de cosas, y preguntada sobre la investigación que la Defensoría del Pueblo ha abierto ante la Secretaría de Estado de Seguridad para conocer los detalles de la expulsión a Marruecos de los 73 inmigrantes de origen subsahariano que se encontraban en Isla de Tierra, en el archipiélago de Alhucemas, en la madrugada del pasado martes, Becerril ha reiterado que "se ha pedido al Gobierno la información necesaria para saber cómo se ha hecho el traslado de las personas, en qué condiciones, si se han seguido los procedimientos que establece la Ley de Extranjería y si se ha atendido a personas en riesgo o que podían estar enfermas en las horas posteriores".