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Bruselas dice que "no puede ni debe" interferir en casos abiertos y elude valorar el papel de Cañete en Acuamed

La Comisión Europea ha dicho este jueves que "no puede ni debe" interferir en procedimientos judiciales abiertos, por lo que ha eludido este jueves comentar las últimas informaciones publicadas sobre el papel del ahora comisario Miguel Arias Cañete en la posible adjudicación fraudulenta de contratos públicos a la empresa pública Acuamed, cuando era ministro de Medio Ambiente.
"Lo que tenemos es un procedimiento judicial nacional en curso en el que no podemos ni debemos intervenir", ha declarado en una rueda de prensa el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.
Schinas ha insistido en que el Ejecutivo comunitario "nunca" hace comentarios sobre procesos judiciales en marcha, para eludir las preguntas sobre las consecuencias para Bruselas si se confirmaran las acusaciones del exsubsecretario de Presidencia Federico Ramos.
Ramos declaró ante el juez que investiga el caso que Arias Cañete defendió la permanencia al frente de Acuamed de Arcadio Mateo, principal investigado en la trama. Sin embargo, ni desde el gabinete del comisario, ni desde el equipo del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, quisieron hacer comentarios el miércoles sobre estas revelaciones.
Un día después, en rueda de prensa y a preguntas de los periodistas, Bruselas ha reiterado su intención de no pronunciarse mientras el caso siga abierto.
Además, la Comisión ha recordado que la ofician europea antifraude (OLAF) colabora con las autoridades nacionales para aclarar si ha habido irregularidades en la gestión de fondos europeos vinculados a Acuamed, si bien no ha iniciado una investigación propia.
Los Estados miembros son los "responsables" de cumplir con la puesta en marcha de los proyectos que cuentan con apoyo de las arcas comunitarias, y también de tomar las medidas necesarias para asegurar que no hay irregularidades en su gestión, ha explicado, por su parte, el portavoz de Política Regional, Jakub Adamowiz.
Bruselas, que sostiene que cuenta con un "robusto sistema" de auditoría, está en contacto con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para conocer los detalles del caso y ha sido informado de que los fondos previstos para proyectos que puedan estar implicados por el caso han sido congelados.