CERMI pide que la LOMCE potencie un sistema educativo inclusivo para las personas con discapacidad

"Un sistema educativo que permita liberar el potencial que atesoramos las personas con discapacidad y que se mantiene retenido por obstáculos y barreras de un entorno hostil y reticente, que no termina de admitirnos y que sepa gestionar la diversidad y diferencia que encierran las personas con discapacidad y sus familias", ha pedido en su comparecencia en el Congreso.

Se trata del cuarto día de comparecencias de expertos para hablar sobre la LOMCE y en la que Luis Cayo ha reclamado que la reforma educativa tenga en cuenta a la discapacidad desde un enfoque de "inclusión real y efectiva". "No se puede desaprovechar que la discapacidad adquiera la dimensión que debe tener en el sistema educativo", ha insistido.

EDUCACIÓN ESPECIAL, SÍ O NO

Según ha avisado, en el nuevo paradigma de la educación inclusiva no cabe la educación especial y estas estructuras han de emigrar hacia la inclusión para todo el alumnado. Así, indica que en España más de un 20 por ciento del alumnado se encuentra en educación especial, "que desde la visión internacional, no podrían continuar así y habría que tomar una decisión al respecto".

Para él, el objetivo se encuentra en que el 100 por cien del alumnado esté en la mismas escuela o centros educativo. "Todos iguales y accesibles", ha apostillado.

Según la LOE, el CERMI recuerda que la decisión de la modalidad educativa es de la administración educativa, que se impone a la de representante legal, y contraviene a la convención de la ONU que exige una libertad de elección.

Por ello, ha propuesto en forma de enmienda a los grupos parlamentarios establecer un horizonte en 2020 para que todas las estructuras educativas sean inclusivas y se establezca el respeto a la libertad de elección y a las preferencias de los representantes legales del alumno.

LAS RIGIDECES DEL SISTEMA NO FAVORECEN

"El alumno con discapacidad necesita flexibilidad del sistema y las rigideces del sistema educativo no favorecen la evolución del alumno", avisa el experto.

De hecho, se manifiesta preocupado por la configuración de las evaluaciones y pruebas externas que se incluyen al final de cada fase educativa en la LOMCE que, según cree, para la discapacidad son asumibles, siempre y cuando esos evaluadores externos tengan experiencia y conocimiento sobre la realidad del alumnado con discapacidad. "Si no puede tener efectos no deseables para la progresión del alumnado", ha avisado.

Otra cuestión, a su juicio "capital", se refiere a la garantía de accesibilidad universal de todas las TIC y soportes informáticos de nuevas tecnologías que se imponen como medio de acceder a contenidos educativos. Con ello, pide también que cualquier tecnología que se ponga a disposición del alumno sea accesible.

Por todo ello, ha recordado que en España el 10 por ciento de la población tiene discapacidad, lo que equivale a cerca de cuatro millones de personas.

Además, puntualiza que el alumnado con discapacidad, en el curso 2010-2011, era de 141.426 alumnos, de los 31.043 se encontraban en régimen de educación especial y otros 101.000 en centros públicos, mientras que poco más de 17.000 en centros privados.

"La inclusión del alumnado con discapacidad significa que no es admisible la segregación por discapacidad. La inclusión es un mandato ético y social y atendiendo a que se trata de una nueva ley debe ser un imperativo jurídico de derechos humanos", ha recalcado Cayo.