El CERMI sobre la jornada electoral: "No ha sido ni mucho menos inclusiva"

Aparte del "problema estructural" de que 80.000 personas con discapacidad siguen privadas del derecho de voto, Pérez Bueno ha advertido, en declaraciones a Europa Press, de que se han producido "otras muchas exclusiones y discriminaciones".

En primer lugar, el presidente del CERMI ha afirmado que sigue sin resolverse el voto secreto para personas con discapacidad visual en las elecciones locales, donde no está extendido el voto braille, como sí sucede en las elecciones generales, autonómicas y europeas.

Se han detectado asimismo "anomalías" debido a las interpretaciones "erradas" de algunas Juntas Electorales, que, "desconociendo la legislación electoral, han impedido a personas con discapacidad visual ser miembros de mesas electorales, cuando la normativa los ampara como en Pamplona y Barcelona, ha denunciado.

"HUMULLANTES" URNAS EN LA CALLE

También ha indicado que se han detectado colegios electorales sin accesibilidad, "a pesar de que la legislación obliga a que todos los colegios lo sean", lo que ha llevado al "expediente humillante" de tener que sacar las urnas a la calle para que determinadas personas con discapacidad puedan votar. Esto, según Pérez Bueno, ha ocurrido en Madrid y Murcia.

El transporte accesible para votantes con problemas de movilidad ha presentado también "dificultades" porque algunas administraciones "no han provisto este servicio, que ha de ser gratuito". "No podemos decir que el proceso electoral de ayer haya sido inclusivo, ni mucho menos", ha apostillado Pérez Bueno.

Respecto a los candidatos con discapacidad, el dirigente de esta organización ha dicho que aunque no dispone todavía de los del listado de elegidos, sí constaban entre 90 y 100 candidatos con discapacidad para estos comicios.

80.000 PERSONAS SIGUEN SIN PODER VOTAR

Pérez Bueno ha insistido en el veto a unas 80.000 personas con una incapacidad declarada y ha recordado que esto se debe a que Ley Orgánica de Reforma Electoral (LOREG) todavía no ha sido modificada por el Parlamento, pese al mandato de la ONU, que obliga a adaptar la legislación a la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad.

"Ninguna persona por razones de discapacidad puede ser privada de este derecho fundamental" dice la Convención. En 2011, la ONU examinó a España para comprobar el nivel de adaptación de más de 90 normativas y advirtió al Gobierno de que no había hecho los deberes en materia electoral.

En octubre de 2013, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad solicitar al Gobierno que elaborara una propuesta de reforma electoral en el plazo de seis meses. Ha pasado más de un año y medio y desde el Ejecutivo no ha salido ningún informe al respecto.