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El CJC insta a Educación a pagar 3.400 euros por las lesiones de una niña de 3 años que se cayó del tobogán del colegio

El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha instado a la Conselleria de Educación, Formación y Empleo a pagar 3.482,01 euros por las lesiones que sufrió una niña de 3 años que se cayó del tobogán de su colegio público de Puerto de Sagunto (Valencia), según consta en el dictamen de esta entidad consultado por Europa Press.
El incidente tuvo lugar el día 19 de enero de 2009, entre las 16.15 y las 17 horas, en un colegio público ubicado en Puerto de Sagunto. En este intervalo de tiempo, una niña de 3 años se cayó desde la plataforma superior de uno de los toboganes de la zona de juego, a 1,50 metros de altura aproximadamente.
Como consecuencia, la menor estuvo 63 días impedida sin asistir al centro, y por este motivo la familia pide a la Administración una indemnización de 3.351,60 euros.
La familia imputa los daños sufridos al funcionamiento "anormal" del servicio público educativo. En el momento del incidente estaban presentes en el patio infantil la tutora y otros cuatro profesores de educación infantil.
No obstante, el CJC estima que la edad de la menor hubiera requerido un deber de supervisión y atención exhaustivo por parte del profesorado, "debiendo estar alguno de los profesores presentes en el patio vigilando y supervisando la zona de juego".
Como consecuencia, la menor sufrió un daño "que no tenía el deber jurídico de soportar", puesto que el CJC considera que de haber estado más atento el personal educativo, podría, o bien no haberse producido el accidente, o por el contrario haber sido de menor entidad. Por este motivo, insta a la Generalitat a pagar a la familia afectada 3.482,01 euros.
Al respecto, el Consell Jurídic recuerda que el artículo 139 de la Ley 30/1992 dispone que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes "de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y sea evaluable económicamente e individualizada".