Cae una red que organizaba matrimonios para conseguir tarjetas de residencia

Por estos "matrimonios blancos", los detenidos -diez en Valencia y tres en Tarragona- cobraban entre 7.500 y 14.000 euros, aunque la cifra más habitual era de 12.000.

Esta cantidad la repartían entre los "figurantes" del acto: entre dos mil y cuatro mil euros para el español que se ofrecía al matrimonio, 300 para los testigos, 60 para los recaderos o mensajeros y 200 para las personas que empadronaban en su domicilio al contrayente extranjero.

Además de esta modalidad de estafa, los arrestados prometían a los extranjeros conseguir los documentos por el procedimiento de arraigo sin llegar a tramitar las solicitudes a pesar de que les habían pagado 4.000 euros.

Centro de operaciones en Valencia

El centro de actividades de la organización estaba en Valencia, donde contaban con dos oficinas en las que archivaban la documentación de los extranjeros y donde residía el cabecilla del grupo.

El jefe del grupo adoptaba grandes medidas de seguridad, evitaba aportar datos de sus oficinas a las víctimas, empleaba más de seis teléfonos móviles, no tenía nada a su nombre y las cuentas bancarias donde los extranjeros ingresaban el dinero estaban a nombre de sus colaboradores.

Dossier con preguntas y respuestas

Los colaboradores trasladaban a los inmigrantes a ayuntamientos y juzgados para llevar a cabo las bodas, pero lo hacían después de haberlos instruido para que no hubiera ningún error y pudieran superar el expediente previo. Les facilitaban un dossier con numerosas preguntas para que los contrayentes conocieran las respuestas que debían contestar, como "¿dónde pasaron las últimas navidades?, ¿dónde viven los padres de ella?, el último y el primer regalo realizado por ambos o si tiene su pareja algún tatuaje o cicatriz". También les recordaban que debían ir bien vestidos y que no se olvidaran de los anillos, así como que éstos fueran de su talla.

Una vez unidos en matrimonio en el juzgado, se dirigían inmediatamente a un notario para hacer una declaración de separación de bienes y posteriormente tramitaban la tarjeta de residencia para el extranjero aportando el libro de familia conseguido gracias al vínculo matrimonial.

Tramitación del divorcio

La segunda parte consistía en la tramitación del divorcio, al año o a los dos años de contraer el matrimonio, por lo que les cobraban otras tarifas que no estaban incluidas en el concepto anterior.

Una vez tramitado el divorcio, mantenían contactos con el inmigrante con la única finalidad de estafarle más dinero y le convencían de que para seguir estando en situación legal necesitaba disponer de un contrato de trabajo indefinido y estar dado de alta en la Seguridad Social. Como lo habitual era que los extranjeros no tuvieran posibilidad de conseguirlo, el cabecilla les ofrecía dicho contrato y el alta en la Seguridad Social. Los costes por ello eran de 1.200 euros por el contrato y 250 más cada mes por estar dado de alta en la Seguridad Social. Para ello disponía de varias empresas a nombre de algunos de sus colaboradores donde mantenía dados de alta a los extranjeros. LA