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Cien médicos se declararon ya objetores del decreto que prepara el Gobierno y quieren atender inmigrantes

Los facultativos reconocen dificultades porque se desactivarán las tarjetas e historias clínicas
El borrador del decreto que prepara el Gobierno central sobre asistencia sanitaria, por el que se excluirá la atención a colectivos de población residente en el Estado español como los inmigrantes irregulares, tiene el rechazo rotundo de entidades como la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec) --que representa a casi la mitad de los facultativos de esta rama en el Sergas-- o Médicos del Mundo. De hecho, en los primeros días de campaña de adhesión al manifiesto que se opone a esta normativa, unos cien facultativos gallegos ya se han adherido.
Ambas entidades han expresado, en declaraciones a Europa Press, que esperan un incremento del número de firmas, puesto que además de alguna dificultad técnica puntual --como ha manifestado la presidenta de Médicos del Mundo, Nieves Turienzo--, hay que sumar el hecho de que se produce en agosto y muchos médicos están de vacaciones. "Atendemos personas, no contribuyentes", ha citado la portavoz de la ONG en referencia a lo que se puede escuchar en los centros de salud ante esta intención del Gobierno central.
El presidente de Agamfec, Jesús Sueiro, ha explicado que los facultativos cuentan con el respaldo de los colegios médicos. Además, en este sentido, ha asegurado que cuentan con informes de la asociación de bioética, que "mantienen simpatía con la declaración de objeción de conciencia".
En todo caso, los médicos gallegos de Atención Primaria reconocen que tendrán dificultades para poder poner en práctica la objeción de conciencia. Al respecto, han señalado que si se desactivan las historias clínicas y las tarjetas sanitarias, debido a la informatización del sistema, será más complicado poder realizar pruebas para un buen diagnóstico o, incluso, conocer los antecedentes sanitarios.
En este sentido, en declaraciones a Europa Press, Jesús Sueiro también ha avisado de que esta misma situación se puede dar en la atención urgente, que se mantiene para todos los colectivos. Así, critica que para atender a un inmigrante irregular en este servicio se hará sin acceso a los antecedentes en los casos en que se desactive la historia clínica.
"VA A SER UN PROBLEMA"
"Va a ser un problema", ha augurado el presidente de la asociación médica. Los médicos gallegos consideran que habrá que salvar la imposibilidad informática atendiendo a los enfermos sin dar citas médicas programadas o haciendo pruebas sin incluirlas en el sistema.
También ha fijado su atención en esta cuestión Nieves Turienzo, quien considera este decreto una "conculcación de derechos". Esta portavoz de la ONG ha denunciado que tendrá lugar un "cambio de modelo" en el que desaparece el sistema de solidaridad del que se había dotado España, y que consiste en la "redistribución de la riqueza" aportando más quien más tiene y beneficiándose de la sanidad "quien lo necesita". "Arranca de raíz el sistema", ha reprochado.
Además, Turienzo ha indicado que estas asociaciones "no pueden hacer nada" al respecto de cualquier intención que suponga firmar convenios con ellas para dar cobertura al inmigrante, como se llegó a pretender en "abril". Asimismo, ha apuntado que los irregulares lo son, en muchas ocasiones, porque "han perdido el trabajo y el permiso de residencia", lo cual les impide, volver a conseguir un empleo que les permita acceder a la sanidad.
DESMIENTEN GASTO
En este contexto, tanto Agamfec como Médicos del Mundo desmienten los datos sobre el gasto del colectivo inmigrante en la sanidad pública, y advierten de que "no es cierto que sean grandes consumidoras" y que acudan más que los españoles autóctonos, algo que, lo demuestran "informes".
La asociación de médicos de familia, Médicos del Mundo y la plataforma SOS Sanidade Pública (en la que están integrados sindicatos, asociaciones y partidos políticos) han constituido un foro de debate sobre esta cuestión. En el mes de septiembre, cuando se retome la normalidad, se estudiarán acciones reivindicativas en contra de este decreto.