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El Congreso reclama al Gobierno que revise la Ley de Violencia de Género y desarrolle más servicios de prevención

El Pleno del Congreso de los Diputados ha reclamado por unanimidad al Gobierno una revisión de la Ley vigente de Violencia de Género, así como el desarrollo de más servicios de atención y prevención en la materia.
Se trata de tres de los cinco puntos de la moción, consecuencia de la interpelación que la diputada de ICV, Laia Ortiz, presentó tras interpelar a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, a mediados de abril, y que han sido apoyados por todos los grupos parlamentarios.
Principalmente, se insta al Gobierno a impulsar un acuerdo social y político que garantice de forma efectiva y real el derecho fundamental de las mujeres a una vida libre de violencia, que como mínimo implique la mencionada evaluación del grado de implementación y cumplimiento de la aplicación de la Ley de 2004 de Violencia de Género, así como potenciar su aplicación, junto con comunidades autónomas, partidos políticos o entes locales, entre otros.
Además, se ha pactado que este acuerdo implique el desarrollo de servicios y ofrezca colaboración pública, de manera efectiva, a las redes de atención y prevención a todos los tipos de violencia machista existentes en el ámbito social, jurídico y de salud, tanto de iniciativa pública como de entidades sociales.
Por otro lado, quiere que este acuerdo social y político represente una garantía de continuidad de las políticas locales dirigidas a fortalecer las redes efectivas de coordinación entre asociaciones de atención, servicios sociales e igualdad y demás agentes territoriales.
UNA LACRA SOCIAL
La defensora de esta iniciativa, la ecosocialista Laia Ortiz, ha subrayado que el objetivo de esta moción es poner en primer plano del debate una "lacra social y una vergüenza para la democracia" como es la violencia machista.
Así, ha recordado que en España hay más de dos millones de mujeres que dicen sufrir o haber sufrido violencia, donde el machismo repunta en los jóvenes, donde los obispos exaltan la sumisión de las mujeres mientras aconsejan también al Gobierno, y donde crece la desigualdad de género y donde los recortes sociales, laborales, en sanidad, educación afectan especialmente a las mujeres.
En su opinión, se están dando pasos atrás en la materia y este retroceso tiene consecuencias, como que cada semana haya nuevas víctimas mortales. "El resultado de los recortes es la indefensión, la caída de denuncias mientras aumenta la violencia por la falta de autonomía por la falta de recursos y por el abandono por parte de las administraciones de nuestras mujeres", ha agregado.
Además, la diputada de la Izquierda Plural ha reivindicado la utilidad de la vigente legislación sobre violencia de género y ha señalado que gracias a ese texto "la violencia dejó de ser doméstica e invisible para ser responsabilidad de todos".
Igualmente, sostiene que es "vital" invertir en educación, en inserción, en formación profesional, así como en asistencia, para evitar que se deje a las mujeres víctimas de violencia sin una salida a esa situación. "Nadie, ningún partido tiene la exclusiva ni la patente de la defensa de las mujeres ni el Gobierno, ni el PSOE ni la Izquierda Plural, nadie", ha defendido.