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Todos los grupos del Congreso, salvo PP, envían una carta al CSN pidiendo que aplace la decisión de reabrirla

Piden la comparencia en el Congreso del presidente del CSN para informar del proceso de evaluación de Garoña
Todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, han enviado este miércoles una carta al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en la que instan a aplazar el proceso de evaluación para reabrir la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) hasta la conformación del nuevo Gobierno.
La misiva, que ha sido registrada en el organismo regulador este miércoles 3 de febrero, ha sido enviada a su presidente, Fernando Martí, por los parlamentarios coincidiendo con el Pleno que celebra el CSN y que estudia si la planta atómica burgalesa cumple los requisitos impuestos para ser reabierta hasta 2031.
"Pedimos al CSN que detenga temporalmente el proceso de evaluación de la autorización de renovación de explotación de Garoña, hasta la formación del nuevo Gobierno al que corresponda la decisión final sobre el informe preceptivo que emita el organismo colegiado que usted preside actualmente. Asimismo, solicitaremos formalmente su comparecencia en esta Cámara para informar debidamente de los hechos referidos", sostienen los diputados.
Precisamente, ayer martes mantuvieron un encuentro de trabajo en el Congreso varios representantes parlamentarios, con miembros de Greenpeace y de Ecologistas en Acción.
"Otorgar una nueva licencia para que Garoña sea comercialmente explotada hasta 2031, aunque esté sometida a un informe condicionado por el regulador, podría permitir a las compañías propietarias la reclamación de pérdidas por lucro cesante, en caso de que el próximo gobierno decidiera mantener la actual orden ministerial de cese de explotación definitivo, causando graves problemas a la Hacienda Pública", alertan los parlamentarios en el texto.
UNA RENOVACIÓN "INÉDITA"
Según subrayan, se trata de una renovación "inédita" en la Historia de la seguridad nuclear de España porque "autoriza a llevar un reactor nuclear hasta los 60 años de vida" --cuando su vida útil de diseño estaba prevista hasta los 40 años--, y porque permite una autorización administrativa de 17 años consecutivos, cuando "jamás en España se había dado una renovación de autorización de explotación por más de diez años".
Por estos motivos, consideran que "es debida" una detallada explicación a la ciudadanía y a sus representantes en el Parlamento de las implicaciones técnicas, económicas y medioambientales que conllevaría esta "inédita renovación".
En este sentido, las formaciones parlamentarias firmantes recuerdan que Garoña está parada desde diciembre de 2012, "por decisión unilateral y voluntaria de su empresa propietaria", a la vez que advierten de que esta situación "no ha supuesto ningún problema" para el suministro eléctrico y "podría seguir en esta situación unos meses más".