El Constitucional suspende la ley de La Rioja que prohíbe el 'fracking' al admitir el recurso del Gobierno

De este modo, la vigencia y aplicación de ley aprobada por La Rioja en junio de 2013 contra el 'fracking' como técnica de investigación y extracción de gas no convencional queda suspendida hasta que se pronuncie el TC.

Se trata de la segunda ley autonómica contra el 'fracking' suspendida por el TC a petición del Gobierno, tras la impulsada por Cantabria --la primera norma que se aprobó contra esta práctica--. Además de Cantabria y La Rioja, la Comunidad Foral de Navarra también ha legislado en este sentido, si bien el Ejecutivo central todavía no se ha pronunciado.

En concreto, el artículo 1 de la Ley 7/2013 de la Rioja prohíbe la investigación y extracción de gas esquisto o no convencional en la Comunidad y el almacenamiento geológico en el supuesto de que haya que utilizar la técnica de fractura hidráulica o 'fracking'.

VULNERA LA LEY DE HIDROCARBUROS

Según el Gobierno, esta norma es ilegal porque vulnera la Ley del Sector de Hidrocarburos de 1998, que prevé que corresponde a la Administración General del Estado otorgar autorizaciones y permisos relativos a hidrocarburos cuando afecte al ámbito territorial de más de una comunidad autónoma y en las zonas de subsuelo marino.

Además, considera que la ley de La Rioja, al prohibir la investigación y extracción de gas esquisto mediante la técnica del 'fracking', vacía de competencias al Estado en materia de hidrocarburos. Se entiende, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, que las competencias autonómicas sobre medio ambiente no pueden extenderse de forma que impidan completamente el ejercicio de las competencias estatales.

La normativa estatal es conforme a la normativa de la Unión Europea, que no prohíbe esta técnica de explotación de gas no convencional, asegura además el Gobierno.

El Ejecutivo recuerda asimismo que la Comisión Europea adoptó el 22 de enero de 2014 una recomendación que establece los principios de aplicación por los Estados para garantizar una protección adecuada del medio ambiente y el clima en lo que respecta al 'fracking'.

En España la normativa vigente ya prevé la realización de evaluaciones de impacto ambiental que den cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión, añade.