Ecologistas califican de "engaño" la reforma de la Ley de Costas y alertan del "alto coste" económico para el ciudadano

Así, WWF ha resaltado que el proyecto de reforma se ha elaborado "ignorando los problemas actuales del litoral" relativos a temas como la regresión de la línea de costa, el deterioro de los ecosistemas marinos o la presión urbanística, entre otros.

"El aumento de la altura del mar o el incremento en número e intensidad de los temporales están ya afectando a partes de nuestro litoral. La reforma debería proteger esas áreas y facilitar su desocupación para evitar daños personales y materiales y una avalancha de reclamaciones futuras", ha señalado.

Además, ha resaltado que "a día de hoy" se desconoce el coste que supondrá al contribuyente la aplicación de la presente reforma debido a la obligación de asumir las reclamaciones futuras y el coste de defender las infraestructuras.

Por su parte, Greenpeace ha solicitado el Ejecutivo dar a conocer cuáles son los criterios para "ese uso sostenible" de la costa que impedirán las ya habituales atrocidades urbanísticas" en el litoral español.

Asimismo, ha recordado que la tramitación de esta ley "no ha contado desde el principio" con las principales organizaciones ecologistas e institutos de investigación. "En ningún momento se tuvo acceso a los borradores previos, de un borrador que se ha elaborado por un bufete de abogados ajenos al Ministerio de Medio Ambiente", ha destacado.

Por último, ha destacado que "al permitir que se ocupe" el territorio durante 75 años extra y en zonas inundables que no se hayan inundado por lo menos cinco veces durante los últimos diez años, sumado a la exclusión del dominio público de humedales como las salinas, "se está aumentando exponencialmente el gasto de dinero público en mantenimiento artificial de la costa".

Mientras, la asociación Ecologistas en Acción ha calificado de "pésima noticia" el proyecto al entender que supone una "frivolidad" y una "irresponsabilidad total" puesto que "busca favorecer con irregularidades" en base a "intereses particulares y amiguismos".

La portavoz de Ecologistas en Acción de Andalucía, Dolores Yllescas, ha señalado a Europa Press que el procedimiento "no tiene pies ni cabeza" y es "arbitrario", ya que implica "cargarse una de las mejores leyes de la democracia" al objeto de "privatizar de facto gran parte de nuestro litoral".

"Se conceden excepciones a urbanizaciones que no cumplen con la antigua ley de una manera arbitraria y caprichosa", ha lamentado Yllescas, quien ha apuntado que si la modificación tenía como finalidad introducir seguridad jurídica, "hace todo lo contrario".