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El Gobierno de Navarra, en disconformidad con la proposición de ley foral sobre la autoridad del profesorado

El Ejecutivo considera que este reconocimiento ya está recogido en la normativa vigente
El Gobierno de Navarra ha adoptado en su sesión de este miércoles un acuerdo por el que manifiesta su disconformidad a la toma en consideración de la proposición de ley foral sobre la autoridad del profesorado, presentada en el Parlamento por el PPN el pasado 1 de junio, ya que considera que este reconocimiento ya está recogido en la normativa vigente.
En concreto, el acuerdo indica que los artículos 5 y 6 de la proposición de ley foral, titulados "autoridad pública" y "presunción de veracidad" recogen la previsión contenida en el artículo 124.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) según redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para mejora la calidad educativa (LOMCE).
En concreto, se indica que "los miembros del equipo directivo y el profesorado serán considerados autoridad pública". "En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores, profesoras y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y sin disfrutarán de presunción de veracidad 'iuris tantum' o salvo prueba contraria, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos y alumnas", añade.
Por ello, el Gobierno de Navarra considera que "no tiene sentido, en aras del principio de economía y de buena técnica legislativa, regular nuevamente situaciones que ya cuentan con regulación suficiente".
Asimismo, el acuerdo del Ejecutivo se añade que una doble regulación, estatal y foral, no beneficia a sus eventuales destinatarios, sino que puede generar confusión al no ser normativas idénticas, con los perjuicios que se puedan derivar para el principio de seguridad jurídica.
En otro orden de cosas, el Ejecutivo foral considera que en la proposición de ley foral se despende más la intención de dotar al profesorado de "poder" que de verdadera "autoridad", que no debe ser otorgada o concedida por una norma sino obtenida por los profesionales en el ejercicio de la labor docente.