Interior niega que esperar a que el inmigrante baje de la valla y entregarle a Marruecos sea una devolución en caliente

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, asegura que esperar a que baje el inmigrante subido a la valla fronteriza de Ceuta y Melilla y entregarle a las fuerzas marroquíes sobre la marcha no es una devolución en frontera, sino un "rechazo en frontera" que se aplica entre las vallas para "preservar la vida y la integridad física" de la persona que intentaba acceder.

"Si el inmigrante se encuentra encaramado a la valla el rechazo en frontera, evidentemente, no puede consistir en tirarle de la valla, sino en esperar a que descienda de esa primera valla y rechazarle. No hay devolución en caliente sino un rechazo en frontera compatible con la vida y la integridad de los inmigrantes", ha asegurado el número 2 de interior en respuesta al senador socialista Enrique Cascallana.

En su opinión, "sólo desde el desconocimiento puede llamarse devolución en caliente porque lo que es, es un rechazo en frontera", que además, "se hacía antes y se sigue haciendo ahora", con la "diferencia" de que el Ejecutivo quiere "dar marco jurídico a la Guardia Civil" para el cumplimiento de su misión de custodia de la frontera, que no para legalizar las devoluciones en caliente.

"No es reformar la Ley de Extranjería, sino dar un marco jurídico a la Guardia Civil para que cumpla esa difícil misión de custodiar esa frontera de forma compatible con los derechos fundamentales de quienes intentan entrar irregularmente en el territorio. Tal vez la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no sea suficiente y merezca que nos esforcemos para mejorar el marco normativo, pero sin ninguna necesidad de legalizar ninguna devolución en caliente ni nada parecido", ha señalado.

Cascallana había denunciado en su intervención que esta práctica, contraria a derecho según la Abogacía, la Defensora del Pueblo y distintos organismos nacionales e internacionales, ha tenido que contar con la autorización del ministro del Interior, que habría, así, ordenado que se vulnerasen las leyes. Martínez lo ha negado de plano: "El ministro no autoriza ni puede autorizar el incumplimiento de la ley. Se han cumplido en todo momento los procedimientos de expulsión o de otras modalidades de la Ley de Extranjería".

VUELOS DE DEPORTACIÓN

Precisamente sobre este asunto le había preguntado el senador también socialista Miguel Fidalgo, planteando irregularidades en las expulsiones y los vuelos de deportación. Según ha dicho Martínez, estos procedimientos "llevan consolidado todo un proceso de autorizaciones de los organismos que intervienen", como la embajada o consulado del país al que se va a deportar, la policía o el Ministerio de Asuntos Exteriores.

"Los operativos varían según la naturaleza de la expulsión pero se hacen siempre de acuerdo a las previsiones de la Ley de Extranjería, respetando los derechos y libertades de quienes son expulsados (...) se utilizan vuelos comerciales o se fletan vuelos por la Comisaría de Extranjería y Fronteras. En otros casos, es por vía marítima. El coste depende del destino y el importe de cada billete", ha señalado.

También ha tenido que responder sobre la tragedia del 6 de febrero en Ceuta y ha reiterado la postura del ministerio al respecto: "se ha puesto todo sobre la mesa" en un "ejercicio de transparencia sin precedentes", se ha realizado una investigación interna que ha llegado a la conclusión de que "no hubo relación causa efecto" entre la actuación de la Guardia Civil y los fallecimientos, y se mantiene abierta otra judicial frente a la que se manifiesta absoluto respeto.

ASILO EN LAS CIUDADES AUTÓNOMAS

Por otra parte, Martínez ha asegurado que en Ceuta y Melilla "no existe una dinámica de llegada de inmigrantes e inmediata solicitud de asilo", que por eso el porcentaje de peticiones que se registran en las ciudades autónomas es reducido respecto de las que se reciben en el resto del territorio y que no tiene que ver con el hecho de que una vez allí, los solicitantes no puedan desplazarse a la Península.

Interrogado sobre la mayor proporción de solicitantes de asilo entre los grupos de personas que acceden a las ciudades autónomas que vienen detectando organizaciones como CEAR o el propio ACNUR, ha señalado que "hay que atender como es natural al solicitante de asilo en Ceuta y Melilla, pero no existe una dinámica que llegue a la categoría de problema de solicitantes de asilo en la inmigración irregular que llega" a los enclaves.

En esta línea, ha señalado que en el primer trimestre del año Ceuta sólo ha recibido el 9% del total de solicitudes de asilo a España y la cifra de Melilla "no llega al uno por ciento", algo que en su opinión no puede atribuirse al hecho de que cuando se pide protección en la ciudad autónoma y ésta se admite a trámite, el solicitante no tiene permitido desplazarse por el resto del territorio nacional y queda allí en espera de resolución.

"La tramitación del asilo tiene especiales condiciones en Ceuta y Melilla pero las solicitudes se tramitan y se resuelven y por tanto, el solicitante de asilo que lo hace en Ceuta o en Melilla tiene todas las garantías que la ley le reconoce y tendrá toda la resolución que le corresponde aunque lo haya pedido allí. La particularidad no es que no se tramiten, sino que los solicitantes tienen una limitación de la libertad deambulatoria", ha asegurado.

Martínez, que ha aclarado en primer lugar que no tiene competencias en materia de asilo aunque en el orden del día de la Comisión de Interior del Senado figuraban preguntas al respecto, ha defendido con cifras que en España se tramitan solicitudes: 4.485 en 2013, un 33% de oriundos de Malí, el 16% de sirios, el 8% de argelinos, el 4% de nigerianos, el 3% de somalís. De esas solicitudes, 530 concluyeron con decisión positiva y 1.875 fueron denegadas.