Jesuítas llevan ante la Defensora del Pueblo la "violencia" y "violación de derechos" en la frontera de Melilla

El Servicio Jesuíta a Migrantes-España (SJM) ha entregado a la Defensora del pueblo un informe que denuncia la situación de "violencia, incumplimiento de la legalidad y violaciones de derechos humanos" en la frontera de Melilla con Marruecos, da testimonio de las condiciones de vida infrahumanas de los migrantes "atascados" junto a la frontera y pone rostro a las consecuencias del hacinamiento en el Centro de Estancia Temporal (CETI) de la ciudad autónoma.

El informe es fruto de dos visitas realizadas a la zona fronteriza entre Marruecos y España en Nador y Melilla, una a cargo del servicio Jesuíta a Refugiados-Europa (JRS) en marzo y otra del Servicio Jesuíta a Migrantes-España la semana pasada. En ambos casos se recorrieron los dos lados de la valla, se celebraron entrevistas con entidades públicas sociales y se visitaron los asentamientos de migrantes.

Sobre los intentos de acceso al territorio, explica que ante los precios para embarcarse en una zodiac --10.000 euros por conducir a grupos de 35 a 70 personas--, muchas personas optan por el salto de la valla, arriesgándose, entre otros peligros, a "fracturas, cortes profundos por las concertinas y ensañamiento de las fuerzas auxiliares marroquíes cuando golpean con bastones".

Según señala, la delegación diocesana de migraciones de Tánger, que a menudo auxilia a los heridos tras los saltos, se ha encontrado "heridas de cierta profundidad en el cráneo, lesiones en la columna vertebral" y, hasta la tragedia de Ceuta, tras la que se prohibió el uso de pelotas de goma como material antidisturbios, "ojos desencajados o perdidos por el impacto" de las mismas.

VULNERABILIDAD DE LAS MUJERES EN EL CETI

De estos hechos la organización ya dio traslado a la Comisión Europea, ante la que presentó una queja el pasado mes de abril porque "las prácticas que se están llevando a cabo por parte de los cuerpos de seguridad españoles y marroquíes ponen además en grave peligro la vida e integridad física de las personas que intentan acceder a la Unión Europea", tanto si van en busca de trabajo, como si necesitan protección internacional. El organismo internacional aún no se ha pronunciado.

En cuanto a la situación del Centro de Estancia de Melilla, además del hacinamiento, con unas 1.600 personas en julio para una capacidad de 480, la organización alerta de la "especial vulnerabilidad" de las mujeres, tras constatar "la facilidad que parece haber para obtener servicios sexuales en el interior del CETI". Además, residen 415 niños que tendrán que ser escolarizados el próximo curso.

"Nos resulta incomprensible por qué el Ministerio del Interior no traslada a personas a la península para aliviar la situación del CETI, al menos a aquellas personas necesitadas de protección", dicen las organizaciones en el informe, para incidir, con datos de ACNUR, en que el grueso de los residentes son de países potenciales emisores de refugiados, como Siria o Malí.

También llaman la atención sobre la situación de los menores inmigrantes no acompañados, cuyo número ha crecido en los últimos tiempos. Según el informe, la capacidad de las instituciones locales para acogerles es de 120 plazas, por lo que "no es adecuada para el número actual de menores", 208 personas.

MARRUECOS, POLÍTICA DE SEGURIDAD AUTORIZADA POR LA UE

En cuanto a sus visitas la zona Marroquí, refieren que la política de inmigración sigue siendo eminentemente de seguridad, y aunque se han dado pasos, como abrir un procedimiento de regularización o dejar de abandonar a las personas interceptadas a su suerte en el desierto, persiste el desplazamiento forzoso de migrantes desde la zona fronteriza hasta la capital, incluso de heridos que no han recibido asistencia.

Sobre los asentamientos las montañas de Selouane y el monte Gurugú, donde a menudo los migrantes permanecen más de uno o dos años esperando una oportunidad de cruzar, señala que si en el primero hay más personas pendientes de una zodiac, en el segundo se localizan los que no tienen esa posibilidad y se dan "números superiores de mujeres y niños, víctimas frecuentes de trata".

"Los miembros de las redes de trata dificultan el acceso a las mujeres y amenazan con represalias si se las ayuda a zafarse de la red. Las mujeres responden con evasivas o con discursos aprendidos cuando se les prefunta sobre la nacionalidad, edad, situación, intenciones etc. Esta táctica incide en la desprotección de las mismas mujeres", relata el informe.

MORALMENTE INACEPTABLE

Ambas organizaciones refieren en el informe que "son unánimes los testimonios sobre la dureza de las condiciones de vida en el bosque, incluso cuando no menudean las redadas" de las fuerzas marroquíes, que, según relatan los migrantes, cuando aprehenden a alguien, le golpean "con saña". "Muchos de los migrantes sufren lesiones graves", señalan.

Tanto para el Servicio Jesuíta a Migrantes España como para la delegación europea, se ha producido una "transferencia de responsabilidades" sobre el control fronterizo y la protección de los migrantes a Marruecos, cuando "carece de los recursos y de la disposición para proveerla adecuadamente" y a pesar de que "es evidente que no puede considerarse un lugar seguro" para ellos.

"La protección de vidas humanas es un imperativo moral y legal y debe ocupar un lugar más elevado en la lista de prioridades políticas, sobre todo cuando se negocia con las vidad de aquellas personas que están atrapadas en el viaje. (...) La situación actual en la Frontera Sur hispano marroquí incumple la legalidad española y europea y nos sitúa en esas líneas rojas moralmente inaceptables", denuncian en el informe.