Marchas y conmemoraciones recuerdan a las víctimas de la dictadura uruguaya

Mientras decenas de personas marcharon por la capital uruguaya para pedir el fin de la impunidad y denunciar a más de 400 violadores de los derechos humanos que permanecen impunes, políticos y familiares del senador Zelmar Michelini, asesinado en 1976, presentaron la fundación que lleva su nombre y que se dedicará a respaldar las medidas judiciales contra criminales de la dictadura.

En un acto que se desarrolló en la Universidad de la República, representantes de todos los sectores políticos arroparon a la viuda de Michelini y a sus diez hijos en el lanzamiento de la fundación, que difundirá la trayectoria y obra del senador y trabajará por el fortalecimiento de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la paz.

Precisamente, ayer se conoció que el Gobierno uruguayo excluyó de la "Ley de Caducidad" los asesinatos de Zelmar Michelini y el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz y dio "luz verde" a la justicia para que investigue e intente juzgar a los responsables.

Ambos fueron ejecutados en Buenos Aires junto a los militantes izquierdistas Rosario Barreto y William Whitelaw.

Según el Gobierno del Frente Amplio, estos casos ocurrieron fuera del territorio nacional, donde tiene plena vigencia la ley penal extranjera" y por ende los excluyó de la ley que protege a los militares responsables de crímenes durante la dictadura.

Por su parte, la organización Plenaria, Memoria y Justicia encabezó una marcha en la que pidió un juicio contra la dictadura por genocidio de forma "oral y pública" y que sus responsables sean tratados sin "prebendas" de ningún tipo.

"El juicio a la dictadura es posible y cobra sentido en la medida en que confluyamos en un plan de movilizaciones populares, de memoria reconstruida, de recopilación de información, de señalamiento y participación de las más diversas organizaciones", afirmaron en un comunicado.

Así, durante la marcha dieron a conocer un documento en el que aparecen 418 nombres de militares y civiles acusados por víctimas de la represión de presuntamente haber participado en torturas y violaciones a los derechos humanos y que no han sido procesados por la justicia.

Asimismo, también exigieron que se juzgue a todos los miembros de los Gobiernos que tuvo la dictadura, así como a los responsables del Poder Judicial y otros altos funcionarios que ejercieron sus cargos entre 1973 y 1985.