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Media docena de comunidades autónomas suspende en la aplicación de la Ley de Dependencia, según un estudio

Madrid, Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia y Baleares, además de Ceuta y Melilla, suspenden en la aplicación de la Ley de Dependencia y el resto de comunidades autónomas, a excepción de Castilla y León y el País Vasco, tienen el sistema en "clara decadencia", según el dictamen del XII Observatorio de la Dependencia.
Este estudio que elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales analiza la evolución del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en todo el país partiendo de una docena de indicadores que van desde la existencia de listas de espera hasta el gasto público, el equilibrio entre servicios y prestaciones o el volumen de atendidos sobre el total de la población.
La organización, que ha dado a conocer sus conclusiones este viernes en Segovia, asigna una puntuación a cada indicador y después calcula las notas medias que, aplicadas a una escala de cero a diez y en función de los resultados obtenidos a nivel nacional, arrojan varios suspensos: la Comunidad Valenciana obtiene un 0,4, la peor nota de toda España, seguida de Canarias, con un 0,8. Después están Ceuta y Melilla (1,3), Baleares (2,9), Aragón y Asturias, que empatan con un 3,8, y Madrid, que se queda en un 4,3.
En el aprobado se sitúan Galicia, Navarra, Murcia, con un 5, seguidas de Extremadura, Castilla-La Mancha y Cataluña, las tres con un 5,4; Andalucía (5,8), Cantabria y la Rioja (6,3). En la parte alta de la tabla se ubican Castilla y León y País Vasco con 9,6 y 8,3 puntos, respectivamente.
El presidente de la Asociación, José Manuel Ramírez, en rueda de prensa junto con el vicepresidente, Gustavo García, ha lamentado que los territorios con peores datos, como Canarias o la Comunidad Valenciana, obtienen también resultados negativos en servicios sociales. Ha ensalzado por el contrario el desarrollo de la atención en regiones como País Vasco y Castilla y León y la apuesta de esta última por mantener el sistema desde los servicios sociales y de proximidad.
Al respecto, ha valorado que, a pesar del "quebranto" económico derivado de los recortes presupuestarios del Gobierno, Castilla y León haya conseguido con fondos propios y la descentralización del sistema atender a más de 60.000 dependientes y reducir a menos de 3.000 aquellas personas que por cuestiones de trámites carecen de atención pero tienen derecho a ella.
EN PROCESO DE "DEMOLICIÓN"
En líneas generales, el presidente ha apuntado que el desarrollo del sistema en España en el último año se traduce en un "proceso de demolición", pues ni siquiera se mantienen las tasas de reposición en la mayoría de las comunidades y se ha incrementado la cifra de dependientes que permanecen en el limbo --tienen derecho a la prestación pero no la reciben--.
Estas personas, que ascienden en la actualidad a 190.503, deben afrontar tiempos de espera "insufribles" de varios meses, incluso años en lugares como Canarias, Murcia, Galicia o Aragón, donde falta atención a más del 30 por ciento de los dependientes. Según estima la Asociación, al ritmo medio de incremento del último año harían falta más de 80 años en dar cobertura a la lista de espera, y ello siempre y cuando no hubiera nuevas entradas.
La organización ha señalado de cualquier forma que muchos mueren antes de ser atendidos. Desde 2011, hasta 60.000 personas en el limbo han fallecido, lo según ha denunciado se ha presentado como un éxito de gestión por haberse rebajado la cifra. La agrupación, que ha calificado esta actitud como "una crueldad extrema", ha exigido explicaciones a la Dirección General del Imserso no sólo por ello sino además por la sospecha de que se puedan estar "manipulando" datos oficiales sobre fallecidos.
La Asociación ha lamentado por otra parte el "colapso" del sistema, cuya capacidad de atención ha quedado limitada a unas 750.000 personas frente a las 780.000 a las que cubría en su primera fase --a finales de diciembre de 2013 se contabilizaban 753.842 atendidas--.
A ello se suman las restricciones del nuevo baremo, que endurece la entrada de dependientes, en especial los de grado III, lo que aboca a una tendencia negativa de disminución relativa. Así, la cifra se ha recortado en 62.690 personas tras la aplicación del nuevo modelo, según ha denunciado la agrupación.
La disminución del cuatro por ciento del gasto público en el sector en el último año es otra de las preocupaciones de los representantes de Servicios Sociales, que barajan la hipótesis de que se está incrementando el copago hasta el punto de que usuarios y Estado casi han equilibrado su nivel de aportación.
Para la Asociación, la Administración central "incumple" además sus compromisos de financiación de la Ley considerando que su inversión con respecto a las comunidades es de un 25,7 por ciento en vez del 50 por ciento de gasto público que debería asumir. En este sentido, ha resaltado el "importante" retorno que supondría duplicar la aportación del Gobierno en el nivel mínimo --de 1.400 a 2.800 millones-- si se tiene en cuenta que invertir 300 ó 400 millones permite generar entre 25.000 y 30.000 empleos.
En la actualidad, de acuerdo con sus datos, 150.000 personas trabajan dentro del sistema, lo que produce un retorno de 1,8 millones de euros a las arcas del Estado a través de la Seguridad Social, el IRPF y el IVA. "Produce más al Estado que el dinero que éste aporta al sistema, que este año alcanzará los 1.317 millones", ha señalado Ramírez.
La Asociación ha advertido por otro lado de la "desigualdad" del sistema, pues comunidades como Canarias, Baleares o la Comunidad Valenciana, que se sitúan a la cola en número de beneficiarios, tienen hasta cinco veces menos posibilidades de que sus dependientes sean atendidos que territorios como Castilla y León, que registra la mayor cifra.
Esas tres comunidades, junto con Ceuta y Melilla, son las que menos gasto público destinan a la atención de los más vulnerables, mientras que Cantabria, La Rioja y País Vasco superan el gasto medio estatal.