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La Mesa del Congreso estudia mañana la petición de UPN para que la Comisión de Discapacidad sea permanente y legislativa

La Mesa del Congreso de los Diputados estudiará este martes la petición de Unión del Pueblo Navarro (UPN) para que la Comisión de Discapacidad de la Cámara recupere de nuevo su carácter permanente y, además, se convierta en legislativa, un 'poder' del que hasta ahora ha carecido, para tramitar en ella leyes.
La formación regionalista quiere que el órgano de gobierno de la Cámara reconsidere su decisión del pasado día 9, cuando acordó que esta comisión, junto con otras tres, perdiera su carácter permanente (se constituye todas las legislaturas), para convertirse en 'no permanente', con el objetivo de que pueda empezar a funcionar sin necesidad de que haya antes un Pleno del Congreso.
UNA PETICIÓN DEL CERMI
Con esta iniciativa, UPN quiere cumplir la petición que el Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (CERMI) lanzó a sus señorías a finales de enero, mediante una carta, de reforzar la Comisión de Discapacidad.
En concreto, el diputado de UPN, Íñigo Alli, solicitó a la Mesa de la Cámara que reconsiderase esta decisión porque, según justificó, la preocupación del legislador "debe ser proteger a los más vulnerables".
En él, no sólo manifestaba el interés de que dicha comisión tuviera carácter permanente sino insiste en que la misma debe tener carácter legislativo, "ante la necesidad de que el derecho español se adapte a la Convención de Naciones Unidas de los derechos de las personas con discapacidad".
En este sentido, avanza que tiene previsto presentar una proposición de reforma del reglamento, en particular del artículo 46, que enumera las comisiones permanentes legislativas de la Cámara.
NO TIENE CARÁCTER LEGISLATIVO
El CERMI envió a mediados de enero un escrito a todos los portavoces parlamentarios solicitándoles el mantenimiento del carácter 'permanente' de dicha comisión, que ostenta desde 2004, así como su carácter legislativo.
A juicio del comité de personas con discapacidad, dotarla de ese 'poder legislativo' supondría "la expresión nítida del compromiso del legislador con la causa de las personas con discapacidad", un 10% de la población española con discapacidad, más sus familias.