Morín defiende en el juicio la legalidad de los abortos y la profesionalidad de su clínica

El médico peruano Carlos Morín ha defendido este martes ante el juez la legalidad de todas las interrupciones de embarazo practicadas en sus clínicas privadas de Barcelona y la profesionalidad del equipo médico imputado, que ha sido acusado por el fiscal de haber practicado más de cien abortos ilegales en 2007.

En el juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona, Morín se ha negado a responder a las preguntas de la fiscal y de las acusaciones, y únicamente lo ha hecho a las preguntas de su abogado, en las que ha rechazado haber cometido delitos de aborto: "todas (las interrupciones de embarazo) se hacía en las semanas legales", ha recalcado después en declaraciones a los medios.

Morín ha asegurado que no ha falseado ninguna historial de sus pacientes y que las clínicas contaban con un equipo de psicólogos "con sus propias dependencias" que analizaban la idoneidad de la intervención.

Al preguntarle sobre cuánto cobraba a las pacientes por cada aborto, ha respondido que el precio oscilaba entre 2.000 y 2.200 euros en función de las semanas de gestación, cuyo máximo se aplicaba a las 22 semanas.

Sobre la trituradora encontrada en una de sus clínicas, la ha desvinculado de los abortos, asegurando que eran utilizadas para prácticas con pollos después de un convenio con la UAB y la Universidad de Zaragoza: "es muy diferentes hablar de veterinaria que de restos humanos", ha insistido a los medios.

También ha declarado este martes por la mañana la mujer de Morín, María Luisa Duran, que al igual que su marido se ha negado a responder a la fiscal y a las acusaciones, atendiendo únicamente a las cuestiones planteadas por su abogado.

En su intervención, ha tratado de dejar claro que su trabajo en una de las clínicas únicamente como enfermera pero no tenía "ningún beneficio" a mayores, pues no participaba en su gestión ni tenía acciones de la empresa.

Únicamente recibía a las pacientes, al igual que ha dicho que hacían otras enfermeras, y les facilitaba la información y los papeles para iniciar los trámites pero sin condicionarlas, aunque ha reconocido que ayudaba a las que no sabían ni leer ni escribir.

"No entraba una señora por la puerta de la clínica y era un aquí te pillo aquí te mato", ha explicado gráficamente para tratar de dejar claro que no condicionaba a las pacientes.

Ha justificado que se cobraban los abortos en efectivo porque eran "situaciones delicadas" en las que algunas de las pacientes no querían dejar rastro de las intervenciones por motivos familiares.

FALSIFICACIONES

Las declaraciones de los imputados contrastan con la posición de las acusaciones que defienden que en el 96% de los casos se acogían a la excepción legal de interrumpir el embarazo "por riesgo psicológico de la madre", pese a que, según ellos, nunca eran visitadas por psicólogos y les hacían firmar documentos en blanco con datos falseados para simular que el feto no sobrepasaba las 22 semanas permitidas por la entonces ley vigente.

Además, E-Cristians, asociación que puso la querella contra Morín, duda de las condiciones sanitarias en que se practicaban las operaciones --por las que según ellos pagaban hasta 6.000 euros-- y aseguran que sí introducían los restos biológicos en trituradoras y se deshacían de ellos por el alcantarillado.

Por todo ello, la fiscal pide más de 300 años de cárcel, acusado de delitos de aborto, asociación ilícita y un delito continuado de falsedad documental, y más de 200 para su mujer.

TESTIGOS "ESPECIALES"

Antes de la declaraciones de Morín y su mujer --los próximos días lo harán otros nueve colaboradores--, el juez ha resuelto cuestiones previas en las que ha vuelto a invalidar como prueba el reportaje de cámara oculta de una televisión danesa que destapó el caso, aunque no por ello ha paralizado el juicio como pedía la defensa.

Además, el juez ha decidido que el centenar de pacientes que declararán lo harán como testigos "especiales" y les dará la posibilidad de no responder a las preguntas que no quieran, ya que lo contrario podría llevar a cambiar su condición como imputadas.