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Narbona, impulsora de la sociedad estatal, defiende su gestión y pide que se aclare toda responsabilidad

La exministra Cristina Narbona, durante cuyo mandato al frente del Ministerio de Medio Ambiente se creó la Sociedad Estatal Acuamed, ha asegurado que se pone a disposición de la justicia para esclarecer los hechos que se investigan en la Operación Frontino, al tiempo que ha solicitado que se aclaren "todas las responsabilidades desde el minuto cero".
En todo caso, la ahora consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha asegurado que no tiene "ninguna constancia o indicio" de fraude en su etapa pues, de lo contrario "habría cesado a los responsables".
La exministra ha recordado, en declaraciones a Europa Press, que no le tembló el pulso para cesar a algún cargo de alguna "otra instancia" del Ministerio cuando tuvo "algún indicio".
"Ahora la Justicia debe hacer su trabajo y aclarar todo. Cuando la Justicia se pone en marcha, lo que corresponde es ayudar. Yo no tengo ningún problema, si me llaman para explicar cualquier cosa. Iría. Estoy a disposición", ha afirmado.
Sin embargo, ha apuntado que la mayoría de las obras 'bajo sospecha' comenzaron a construirse "muy al final" de su etapa al frente del Ministerio.
CREACIÓN DE ACUAMED
En cuanto a la creación de Acuamed, en 2004, ha recordado que se aprovechó la existencia de una Sociedad Pública Estatal creada por el anterior gobierno del expresidente José María Aznar para acometer el trasvase del Ebro, una obra que se planteó a la Comisión Europea para buscar financiación pero que ésta le fue negada.
Así, ha relatado que cuando llegó al Gobierno se planteó una "alternativa" al trasvase que pasaba "no solo" por las desaladoras sino también una modernización "ambiciosa" de los regadíos y por actuaciones de gestión de aguas subterráneas. "Era el Programa Agua y para las cuencas del Mediterráneo quedó asignada Acuamed, pero no fue una creación ex novo, sino sobre una entidad anterior, Tragsa, de la época de Aznar", ha precisado.
Concretamente, y según la información que facilita la propia empresa, la derogación del trasvase del Ebro en 2004 afectó a la Sociedad Estatal Infraestructuras del Trasvase S.A., que cambió su denominación social por la de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (Acuamed). También se modificó su tutela en favor del Ministerio de Medio Ambiente.
La exministra ha recordado también las "dificultades" que se encontró en distintas administraciones autonómicas que trataron de "frenar" la construcción de las desaladoras porque seguían reclamando el trasvase.
De hecho, ha añadido que tras aquel "enfrentamiento muy duro", acudió al Tribunal Constitucional para comenzar a construir la planta desaladora de Torrevieja, que se adjudicó "ya al final del mandato". Esta infraestructura es, precisamente una de las que está "bajo sospecha" por haber aumentado sus costes.
"Yo eso no lo viví. Viví la época de seleccionar el proyecto y la oposición frontal de las obras", ha reiterado. Igualmente, respecto al proyecto de descontaminación del embalse de Flix ha indicado que el proceso posterior a la adjudicación es lo que se investiga, mientras que ella se ocupó de buscar la mejor solución técnica disponible y aprobar el diseño del proyecto.