ONG ambientales exigen que la caza no prevalezca a otros usos en la naturaleza como el senderismo

Así, instan a las administraciones públicas que cumplan estrictamente con el artículo 45.2 de la Constitución Española, para asegurar que el uso público del medio natural no esta supeditado a actividades que ejercen un uso privativo del patrimonio de todos los ciudadanos.

En ese sentido, insisten en que la caza no puede tener preferencia a otros usos públicos del territorio, sino que debe estar supeditada a la conservación de la biodiversidad y al patrimonio natural y al disfrute de un medio ambiente adecuado por parte de toda la ciudadanía que desee ejercer este derecho.

Además, denuncian que la presión cinegética que sufren algunas especies está poniendo en riesgo su conservación, ya que se trata de especies que presentan un evidente declive poblacional, como es el caso de la tórtola europea, la codorniz o la perdiz roja.

"No es posible que los domingos, durante el periodo hábil de caza, sea difícil pasear de forma segura por muchos de los espacios protegidos", lamentan en un comunicado.

En concreto, ponen de ejemplo casos ocurridos en los Parques Nacionales de Monfragüe o Cabañeros, donde se ha producido la paradójica situación de autorizarse batidas de caza durante algunos de los días festivos más frecuentados por los visitantes de los parques nacionales, cortando carreteras y caminos públicos de acceso a estos emblemáticos espacios.

Esta situación se repite durante el periodo hábil de caza en todo el Estado, con ejemplos en parques naturales y en zonas protegidas de la Red Natura 2000, como el Alto Tajo (Guadalajara), la Laguna de la Nava (Palencia), Villafáfila (Zamora) o Doñana (Huelva).

La priorización de las actividades cinegéticas sobre otros usos del territorio va más allá, ya que incluso algunas normativas autonómicas, como la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, establecen sanciones para las personas que recogiendo setas o espárragos en los días de caza o previos a estos, puedan molestar a las especies cinegéticas.

Las tres organizaciones recuerdan también que es un imperativo legal que las administraciones evalúen el impacto de la práctica de caza en los espacios protegidos antes de autorizarla en los mismos, aspecto que casi ninguna comunidad autónoma cumple.

Respecto a la salud pública y el estado del medio ambiente y, en concreto en espacios protegidos que incluyan humedales, reclaman el cumplimiento estricto del artículo 62.3 de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que indica la imposibilidad del uso de munición de plomo en la caza y el tiro deportivo, cuando se realizan en zonas húmedas de la Lista del Convenio relativo a Humedales de Importancia Internacional, en las de la Red Natura 2000 y en las incluidas en espacios naturales protegidos.

Además, las tres organizaciones ecologistas afirman que esta prohibición debería hacerse extensiva a todas las zonas húmedas del Estado y que la munición con plomo debería ser sustituida por una menos tóxica lo antes posible.