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El PP rechaza en el Congreso la petición de CiU de posponer un año la implantación de la FP Básica

El Grupo Popular en el Congreso ha rechazado una enmienda presentada por CiU a una proposición no de ley en la Comisión de Educación que solicitaba instar al Gobierno a retrasar un año la implantación de la FP Básica.
En concreto, la enmienda proponía "suspender la aplicación de los ciclos de FP Básica para el curso 2014-2015 por no tratarse de una herramienta consensuada ni adecuada para dar respuesta al fracaso y el abandono escolar". Aprobar este supuesto conllevaría modificar la recién aprobada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), un punto que el PP no comparte.
Eso sí, aunque esta enmienda de CiU haya sido rechazada, la iniciativa del PP ha sido aprobada en sus propios términos, con el voto en contra de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el BNG. Los grupos de la oposición han centrado sus intervenciones en criticar la LOMCE y todas las medidas que la ley conlleva, como la implantación de la FP Básica.
En la proposición no de ley se insta al Gobierno a elaborar, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, propuestas efectivas contra el absentismo escolar, como medida para mejorar el fracaso y abandono escolar, previo estudio de las actuaciones de prevención e intervención contra el absentismo escolar que, desde el ámbito educativo, social y penal se están llevando a cabo.
UN PROBLEMA EDUCATIVO
La encargada de defender la iniciativa ha sido la diputada Irene Moreno, quien ha explicado que se entiende el absentismo escolar como la falta de asistencia del alumno al centro educativo, sin causa justificada, y durante la edad de escolarización obligatoria.
"Es un problema educativo que puede conducir al fracaso escolar y al abandono del sistema educativo, lo que lo convierte en un problema social, en la medida que puede dar lugar a distintas formas de marginalidad o exclusión social", ha señalado.
Así, el PP considera conveniente en el ámbito educativo compartir experiencias de intervención del absentismo escolar que se están llevando a cabo en municipios, comunidades autónomas, o los protocolos de centros educativos, porque son "instrumentos positivos" que han logrado reducir "notablemente" las tasas de absentismo y, por consiguiente, de fracaso escolar.
LA COMPLEJIDAD DEL PROBLEMA
Durante su exposición de motivos ha detallado que la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2012 apunta que los casos "más graves" se producen a partir de los 14 años en jóvenes con largo historial de fracaso escolar y expulsiones, cuya reincorporación al curso o nivel en el que se detecta el absentismo deviene ya impracticable.
"Y cuando con los apercibimientos policiales o fiscales se logra la normalización escolar, el centro educativo acuerda casi inmediatamente la expulsión. Este fenómeno sugiere la incapacidad de respuesta en el ámbito educativo y, en todo caso, que el fracaso escolar no es consecuencia del absentismo sino una de sus causas. Todo ello no obstante reconociendo que se han reducido los casos", agrega el PP.
A juicio de los 'populares', la complejidad del problema del absentismo exige la colaboración de las administraciones, de los centros educativos y de las familias para la elaboración y ejecución de programas de prevención y control de este problema de naturaleza socioeducativa. Entre otros puntos cita que los procedimientos que aplican los centros para combatir el absentismo son diversos territorialmente.
Con ello, indica que hay comunidades autónomas que cuentan con su propio plan de intervención contra el absentismo escolar, ayuntamientos con programas de actuación, como el programa pionero 'Ayúdate' de la Concejalía de Educación de Algete (Madrid) que ha involucrado a muchas familias de esa localidad con hijos absentistas sancionados con expulsión, a realizar servicios sociales para la comunidad.
Pero por otro lado, y como último recurso, el PP señala que, una vez agotadas todas las intervenciones de carácter socioeducativo, la Administración de Justicia, a través de la Fiscalía de Menores (por ser ésta la encargada de velar por la protección de los derechos del menor), puede abrir diligencias contra los padres por un presunto delito de abandono de familia, al privar a sus hijos del derecho a la educación, en el supuesto que quede demostrado que son ellos los culpables de que los chicos falten de forma reiterada a clase.
De hecho, el delito está recogido en el artículo 226 del Código Penal con penas de hasta seis meses de prisión.