El PP introduce en el Senado un cambio para permitir actividades como la caza en Parques Nacionales sólo hasta 2021

El Grupo Parlamentario Popular ha incorporado en el Senado, gracias a su mayoría parlamentaria, un paquete de enmiendas que modifican el proyecto de Ley de Parques Nacionales remitido por el Congreso, entre las que destaca que se fija un plazo par poner fin a las actividades permitidas en Parques Nacionales. De este modo, estas excepciones podrán practicarse hasta finales de 2020 o principios de 2021.

La semana pasada los 'populares' accedieron a no incluir en el texto una enmienda (278) referida al mismo tema pero que, según la oposición y los grupos ecologista, permitiría mantener a perpetuidad este tipo de prácticas en los parques. Por ello, el PP ha presentado su propuesta modificada para fijar un plazo que termine con estas actividades. La actual legislación fijaba el fin de plazo en diez años desde 2007, por lo que, en todo caso, la futura norma ampliaría cuatro años este periodo.

El debate se ha producido en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, que ha dictaminado el texto, con la incorporación de siete enmiendas del grupo parlamentario popular, al tiempo que ha rechazado los ocho vetos presentados en contra de la futura norma.

Esta actuación ha motivado las quejas del Grupo Parlamentario Socialista, que considera que el PP ha burlado la técnica parlamentaria al presentar una nueva enmienda al texto cuando el plazo para registrar propuestas de modificación de cada uno de los grupos finalizó la semana pasada. A juicio de los socialistas, la únicas posibilidades del PP para variar su posición eran, o bien renunciar a la enmienda, o presentar una enmienda transaccional a otra de otro grupo parlamentario.

La presidenta de la Comisión ha suspendido durante un tiempo la sesión, después de que el PSOE solicitara la intervención de la letrada y, tras finalizar el debate, el senador del PSOE Miguel Fidalgo ha anunciado que su grupo parlamentario presentará un recurso a la mesa del Senado. Tampoco descarta, según ha explicado, si los servicios jurídicos lo aconsejan, pedir amparo al Tribunal Constitucional por la desprotección de los derechos parlamentarios.

En todo caso, ha manifestado que si el PP quiere mantener su anunciada voluntad de diálogo no debería llevar este proyecto de Ley al pleno del Senado de la próxima semana, a pesar de que figura ya en el orden del día aprobado este martes, porque "no hay urgencia".

En la misma línea, el senador del grupo mixto Jesús Iglesias, ha anunciado su apoyo si se plantea "algún tipo de reclamación o recurso" contra este "cambiazo de enmienda" que explica lo "anómalo" y su discrepancia del procedimiento. "No estamos dispuestos a normalizar este dinámica", ha advertido.

En todo caso, y a falta de lo que señalen los servicios jurídicos, el dictamen de la Comisión da un plazo de seis años a partir de la entrada en vigor de la ley a las excepciones a las actividades permitidas en los artículos 6 y 7 de la Ley, como la caza en el Parque Nacional de Cabañeros.

Así, el senador del PP Vicente Aparici ha destacado que la nueva enmienda 278 señala que las administraciones públicas adoptarán "en un plazo máximo de seis años a partir de la entrada en vigor" de la ley las medidas "precisas" para adecuar la situación de los parques nacionales que ya están declarados, excepto en lo relativo a las superficies mínimas establecidas.

Esto supondría, según Aparici, que "se pone coto de término" a las situaciones permitidas hasta la actualidad pero "no se darán derechos nuevos" para realizar actividades que no estén permitidas.

A su juicio "ya no queda la puerta abierta a seguir cazando u a otras actividades, sino que queda definitivamente cerrado el plazo". Asimismo, una vez concluido ese periodo de seis años, serán las administraciones las que tendrán que promover acuerdos voluntarios y, en su defecto, tendrán que aplicar los procedimientos de expropiación forzosa o rescate de los correspondientes derechos.

ACUERDOS VOLUNTARIOS CON CRITERIOS TÉCNICOS

El texto añade que los acuerdos voluntarios tendrán que celebrarse sobre la base de los criterios técnicos que elaborarán las Administraciones Públicas gestoras de cada Parque Nacional, con la participación de los propietarios y que los planes rectores de uso y gestión de estos enclaves que gozan de la mayor protección tendrán que incorporar "en todo caso", el contenido de los acuerdos voluntarios.

De este modo, el PP en el Senado justifica este texto alternativo en la necesidad de establecer que la adecuación de los Parques Nacionales ya declarados a la Ley se realice "con seguridad jurídica".

Los artículos 6 y 7 del proyecto de Ley establecen que los requisitos para un Parque Nacional son estar ocupado en una superficie adecuada por formaciones naturales que no tengan aprovechamientos de carácter agrícola, forestal, o hidráulico, ni elementos artificiales que alteren significativamente la estética del paisaje o el funcionamiento de los ecosistemas. Tampoco podrán contener actividades extractivas o explotaciones de áridos, arenas o minerales, ni instalaciones dedicadas a uso deportivo, industrial o de ocio no integradas en los programas de uso público o de visita del parque nacional.

ACCIONES LEGALES

Respecto al Proyecto de Ley, Iglesias asegura que además de degradar los Parques Nacionales, el texto refleja "un proyecto ideológico que busca la rentabilidad de los propios parques nacionales y la rentabilidad que puedan obtener los propietarios de terrenos privados dentro de un parque nacional a través de actividades autorizadas".

Por su parte, el senador de Entesa Catalana de Progrés Joan Saura ha criticado que además de restar protección va en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional que ha sentenciado que la gestión de los parques nacionales es competencia de las comunidades autónomas y no entiende la voluntad de "recentralización" de estos enclaves laminando las competencias de gestión "aprovechando la necesidad de mayor coordinación".

"Estamos ante un proyecto de Ley que posiblemente, y quiero ser generoso, responde a presiones de intereses económicos. No entendemos cual es el objetivo de una ley que lo que hace es desproteger y centralizar competencias. Este es un tema importantísimo y en el que España tiene una larga tradición", ha lamentado, aunque ha valorado que el nuevo texto de la enmienda 278 "mejora lo propuesto anteriormente" y ha agradecido la voluntad de diálogo del PP en la negociación.