El PP no accede a que Soria comparezca de manera urgente en el Congreso para explicar la situación de Castor

Se trata de una iniciativa de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y de ERC, que también han respaldado el PSOE y UPyD durante el debate, para que también diera cuenta de si iba a impulsar algún mecanismo técnico o jurídico para que el coste de la renuncia de ESCAL UGS no recayese en las arcas públicas.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha argumentado que el ministro dio las explicaciones "oportunas" al respecto y, a petición de una senadora socialista, hace apenas un mes en la Cámara Alta.

En su intervención, ha recordado que la puesta en marcha de este proyecto de almacenamiento de gas se produjo en 2008, época "de vino y rosas" del tripartito ERC-IU-PSOE y con el Gobierno central a cargo del PSOE.

Así, ha explicado que fue el Consejo de Ministros del 30 de mayo de 2008 el que aprobó un decreto por el que se otorgaba la concesión de explotación del almacenamiento subterráneo de Castor, yacimiento de titularidad estatal, con categoría 'A', es decir, "sin condicionante alguno", y además declarándolo "urgente", con la consecuente agilización de plazos.

"Todo este proyecto se desarrolla y tiene consecuencias en base a decisiones que adoptó el Gobierno del PSOE, insisto, cuando en aquel entonces, señor Tarda, gozaba del apoyo de su grupo parlamentario y de los señores de Izquierda Unida. No ha habido opacidad en ningún momento y no se puede hablar de chapuza", ha justificado.

Al mismo tiempo, el 'popular' ha defendido que el Gobierno paralizó la actividad de la planta cuando se produjeron los sismos, y después de los estudios del IGME, "que se podían haber hecho durante la etapa socialista", y que vinculan la inyección de gas con los temblores.

A su juicio, ahora se trata de llegar "al punto final" que es paralizar y desmantelar la instalación, conforme al decreto que realizó el Gobierno socialista en 2008.

"No sé por qué se extrañan de que el Gobierno cumpla un decreto que ha aprobado el Ejecutivo socialista. Este Gobierno, además, intentó recurrir una de esas cláusulas, la que determina la indemnización como abusiva, y ya saben ustedes cuál ha sido la resolución del Tribunal Supremo. Por lo que las decisiones del Gobierno están amparadas por las del tripartito y las decisiones del Tribunal Supremo", ha aclarado Rafael Hernando.

"NO SE PUEDE QUEDAR EN AGUA DE BORRAJAS"

Desde ERC, Joan Tardà, ha reclamado que la situación de este almacenamiento de gas "no puede quedarse en agua de borrajas" y el Gobierno "se vaya de rositas frente a esta enorme chapuza" y "digna de estudio para los que quieran profundizar sobre la marca España".

En su opinión, todo se ha hecho de forma "chapucera", con informes en contra y contemplando indemnizaciones a la empresa en caso de no gestionar el proyecto, así como con una "total y absoluta opacidad informativa". En su intervención se ha preguntado quién se va a hacer responsable de los perjuicios ante la paralización de este proyecto.

Por ello, ha preguntado cómo piensa el Gobierno evitar pagar con dinero de todos los ciudadanos "los 1.700 millones de indemnización a Florentino Pérez".

Por parte de la Izquierda Plural, Joan Josep Nuet, quiere saber si el ministro de Industria "aún lo puede hacer peor" ya que va a haber que pagar con dinero público el cierre de este almacenamiento de gas subterráneo, según ha afirmado.

"Podría ser que tuviéramos que pagar con dinero público esta chapuza morrocotuda que es Castor. Quiero saber si se va a superar a sí mismo y el Gobierno del PP en este tremendo disparate. Que asegure a los vecinos que pueden estar seguros y que esto lo van a pagar los causantes de esta chapuza por una falta de análisis previos y no la ciudadanía a través del Gobierno del PP, que quizá quiera hacerles un regalito a sus amigos", ha agregado.

Desde el PSOE, Teresa Cunillera, ha anunciado que va a votar a favor de la comparecencia del ministro ya que, en su opinión, tiene que tener un interés político y personal en comparecer, porque no hay otra opción que indemnizar a la empresa.

La diputada catalana ha criticado que no se haya informado al Congreso sobre los informes que han tenido lugar acerca de la situación de Castor y sobre si se va a pagar o no la indemnización, o se van a buscar medidas alternativas.

"El ministro sigue sin considerar la posibilidad de comparecer en el Congreso, una tónica general del ministro porque cuando se producen los sismos hemos tenido ocasión de ver la manera desordenada con la que se ha tratado el asunto con las otras administraciones", ha criticado Cunillera.