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El PSOE solicita en el Congreso que García Tejerina detalle el reglamento que desarrolla la Ley de Costas

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado la solicitud de comparecencia de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para que dé cuenta de la aprobación en Consejo de Ministros el pasado viernes del reglamento de desarrollo de la Ley de Costas.
Según afirmó el pasado viernes la 'número dos' del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha aprobado el reglamento general de la Ley de Costas con el fin de garantizar la protección ambiental del litoral, la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa y el desarrollo en condiciones de sosteniblidad de las actividades económicas en la zona.
Saénz de Santamaría destacó que, para la elaboración del texto, se ha contado con participación de ciudadanos, ONG, empresas, comunidades autónomas y ayuntamientos, además de incorporar las recomendaciones del Defensor del Pueblo, haber sido sometido al Consejo Asesor del Medio Ambiente y contar con el dictamen favorable del Consejo de Estado.
Entre otras novedades, el reglamento introduce cambios en la tramitación de los procedimientos de deslinde, con el fin de sea obligatorio su registro y la adecuada coordinación entre Costas, Registro de la Propiedad y Catastros para lograr la seguridad jurídica con la que han de contar los interesados a la hora de conocer si los bienes forman parte del dominio público marítimo terrestre, y evitar que se pueda comprar una vivienda u otros bienes en la costa y descubrir después que no le pertenecen porque son de uso público.
Respecto a la prohibición de edificar en la costa, destaca la prohibición de nuevas edificaciones y construcciones en la costa así como de las obras que supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie de las edificaciones existentes y la exigencia de eficiencia energética y de ahorro de agua en las obras que se autoricen en los edificios en la costa. Además, el Reglamento exige un informe ambiental autonómico para autorizar la prórroga de concesiones de actividades potencialmente contaminantes que recoge la Ley.