PSOE, IU, PNV, Equo, ERC, BNG, Compromis y Amaiur sellan un pacto en el Congreso de no reapertura de la central

"Los grupos políticos firmantes de esta declaración nos comprometemos a no reabrirla tan pronto las circunstancias legislativas lo permitan, y abogamos por un nuevo modelo energético que deje atrás la energía nuclear, tras un periodo de transición hacia ese nuevo modelo energético", reza la declaración que todos ellos han firmado al término del acto.

Igualmente, han acordado que el desmantelamiento, de producirse, contará con un calendario no inferior a siete años, tiempo "más que suficiente" para desplegar el plan de reactivación de la zona al 100%.

QUE SU REAPERTURA NO SUPONGA UN COSTE

Así, reclaman que el actual proceso puesto en marcha por el Gobierno para reabrir Garoña no presuponga la adopción de "decisiones irreversibles" desde el punto de vista económico, que supongan un coste a los ciudadanos en el futuro, si la central no se reabre.

La declaración denuncia que Garoña es la central "más antigua" del parque nuclear español, una instalación que ya ha cumplido 40 años de vida y a la que le ha llegado el momento de ser desmantelada. Asimismo, subrayan que es una central que presenta "graves déficits" de seguridad, y es gemela al reactor número uno de Fukushima, "tristemente famosa por protagonizar un grave accidente nuclear".

El diputado del PSOE por Burgos, Luis Tudanca, ha lamentado que el Gobierno está utilizando el caso de la nuclear para avanzar en su agenda de alargar la vida de las atómicas hasta lo 60 años, y por ello plantea alargar 17 años más la vida de Garoña. Igualmente, considera que el plan de cierre debe ir acompañado de un plan de reactivación económica de la zona.

Pedro Azpiazu, del PNV, cree que esta decisión responde a un "empecinamiento del Gobierno" ni desde el punto de vista técnico ni de suministro. "Si el Gobierno no tiene a bien este cambio que proponemos que cuando las mayorías cambien" llegar al compromiso de no reabrirlo.

Desde Compromis, Joan Baldoví, ha destacado que este pacto responde "al sentido común" que a su juicio ha perdido el Ejecutivo porque sus intereses priman por encima de la seguridad de la gente. "Es ser irresponsable con los ciudadanos", ha apostillado.

El portavoz de Equo, Juan López de Uralde, ha señalado que se trata de una declaración viva y que quiere buscar adhesiones también en la sociedad porque el objetivo es enviar un mensaje al Gobierno y a Nuclenor de que Garoña no se va a abrir en cuanto haya un Ejecutivo distinto.

"Por tanto no vamos a aceptar el chantaje de asumir como ha ocurrido con Castor, asumir costes posteriores sobre presuntos beneficios que se dejarían de obtener si Garoña se hubira reabierto", ha apostillado.

El diputado de Amaiur, Xabier Mikel Errekondo, cree que reabrir la central responde a un ataque frontal a la salud de las personas y al medio ambiente, energéticamente es "innecesario", y económicamente es "una ruina" que beneficia a ciertas empresas energéticas.

En opinión de la diputada del BNG, Rosana Pérez, ha destacado que el PP en política energética gobierna "sólo para unos pocos" y va "en contra" de la inmensa mayoría social, como pasa en Canarias y con otras cuestiones relacionadas.

Finalmente, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha criticado que reabrir la instalación atómica responde a intereses particulares. "El Estado español tienen instaladas tres veces más capacidad instalada de sus necesidades energéticas. En vez de quedarnos con las energías menos contaminantes a lo que se vuelve es una decisión disparatada como la presente", ha sentenciado.