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El PSOE acepta la propuesta de Ciudadanos de aumentar el permiso de paternidad a ocho semanas

El PSOE ha aceptado la propuesta incluida en el programa de Ciudadanos de aumentar de dos a ocho semanas el permiso de paternidad, más allá de las cuatro establecidas en la Ley de Igualdad. Así se recoge en el 'Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso' firmado por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.
Concretamente, ambas fuerzas políticas apuestan por ampliar el permiso de las madres y de los padres de 18 a 26 semanas. Concretamente, plantean un incremento del permiso exclusivo de maternidad de 6 a 8 semanas y un permiso de paternidad de 8 semanas intransferibles. La distribución de las 10 semanas restantes será opcional entre los progenitores. También proponen crear un "bonus de dos años de cotización por cada hijo o hija" y un bonus de un año al otro progenitor si acredita que asumió el cuidado del niño.
En cuanto a la Ley del aborto, ambas formaciones defienden la Ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo, aunque el PSOE se reserva la posibilidad de impulsar la reforma de la ley del aborto en relación con las jóvenes de 16 y 17 años que en estos momentos necesitan el permiso paterno para abortar.
Por su parte, Ciudadanos se reserva la posibilidad de impulsar la regulación de la gestación subrogada, conocida popularmente como 'vientre de alquiler', así como de la custodia compartida de menores como régimen general en los procedimientos de separación y divorcio.
Por otro lado, ambos partidos se proponen aprobar una ley de muerte digna que garantice los derechos de los ciudadanos "a afrontar con dignidad y de acuerdo con sus decisiones el tramo final de la vida, asegurando la libertad de las personas sobre la continuación o no de los tratamientos y la prestación de los cuidados paliativos".
RECUPERAR PRINCIPIOS DE LA LEY DE DEPENDENCIA
En el ámbito de la dependencia, PSOE y Ciudadanos proponen "recuperar los principios inspiradores" de la Ley de la Dependencia, sus objetivos e implantación, así como derogar el incremento del copago. También se comprometen a incorporar al Régimen General de la Seguridad Social a los cuidadores familiares de las personas en situación de dependencia.
Asimismo, aseguran que trabajarán por la inclusión educativa, laboral y social de las personas con discapacidad incorporando colectivos con necesidades específicas como la población rural y las mujeres y que fomentarán la inclusión laboral a través de medidas como el impulso a los Centros Especiales de Empleo. También sugieren la adecuación del diseño de los espacios públicos al concepto de accesibilidad universal.
Por otro lado, plantean un nuevo Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia dotado de recursos económicos y humanos necesarios y una estrategia integral frente a la violencia contra la infancia de acuerdo con los servicios sociales, las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la participación de organizaciones de infancia.
PROMOVER LA CONCILIACIÓN
Para promover la conciliación, sugieren medidas como impulsar "programas de acogida temprana (matutina) en los centros escolares", comedor en vacaciones, generalizar las actividades extraescolares, abrir los colegios con actividades lúdicas, deportivas y culturales en vacaciones y festivos y "promover acuerdos con los sectores de la cultura y el ocio para el adelanto de los horarios de mayor consumo de su oferta", entre otros.
Asimismo, apuestan por establecer los mecanismos legales para hacer efectivo el principio de igualdad salarial de mujeres y hombres; conseguir una cuota mínima de género del 40% en los cargos directivos y consejos de administración; y garantizar que la jornada laboral en el ámbito público acabe a las 18,00 horas, como dictó Administraciones Públicas en 2012.
PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Sobre violencia de género, el acuerdo recoge un plan de constituir un Pacto Social, Institucional y Político con medidas como dotar suficientemente las partidas presupuestarias, ofrecer acompañamiento judicial personalizado o establecer protocolos de intervención específicos para la atención a las mujeres que retiran la denuncia.
También se incluyen otras propuestas como fundar unidades de coordinación en las comunidades autónomas, crear un plan integral para "prevenir, proteger y reparar el daño" de los menores víctimas --en el que también se garantice la educación afectivo-sexual y la prevención de la violencia de género en todas las etapas-- y ampliar la Ley Integral para abarcar todas las formas de violencia machista.
En el documento consta además la proyección de sendas leyes contra la violencia intrafamiliar, por la Igualdad de Trato y la No Discriminación y para la protección de las personas transexuales frente a toda discriminación.